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Una orden judicial de desalojo precipitó angustia sobre unas 260 familias que habitan terrenos ajenos a lo largo de unas cuatro manzanas, en San José de Calasanz (continuación de calle Mendoza) al 9300. Ante la intimación, esos vecinos cortaron el tránsito de la avenida, a la espera de que los gobiernos provincial o municipal intercedan en una solución. "Queremos pagar el lote", afirman los intimados.

La cédula expedida por el juez correccional Juan José Alarcón llegó la semana pasada, pero trascendió ayer, cuando varios lugareños decidieron subir a la continuación de Mendoza e interrumpir el tránsito. Lo mismo quisieron hacer más tarde con Wilde, pero la policía no los dejó. El documento remite a la sentencia penal del juicio por usurpación que uno de los propietarios de los 11 terrenos que hay allí inició con el ánimo de sacar a las 16 familias que habitan el suyo. "Nos reunimos con autoridades de la Municipalidad, de Desarrollo Social de la provincia, y quedamos en que ellos intermediarán. Esperamos en estado de alerta, porque ahora empiezan por estas 16 familias y luego van a seguir con todas las demás", expuso uno de los ocupantes, Leonardo López.

La tierra en disputa es un predio situado sobre San José de Calasanz, y por donde se introduce hacia el sur la calle Nochetto, entre el barrio Tango y una antena de Televisión Litoral, junto al ex centro clandestino de detención de la dictadura llamado Quinta Operacional de Fisherton.

El concejal del Partido Socialista Auténtico, Alberto Cortés, indicó el mar de fondo que azuza el problema: "Esas tierras tomaron un gran valor luego de que la zona quedara prácticamente sitiada por barrios privados y proyectos inmobiliarios, incluso logramos en su momento que el municipio instalara alumbrado público. Seguramente los titulares ahora pidieron el desalojo, y nadie juzga sus derechos, pero habrá que encontrar soluciones habitacionales a estas familias que no pueden quedar en la calle".

Ayer en el piquete, hombres, mujeres y niños resistían bajo la garúa que de a ratos se hacía lluvia. "Hay que desalojar, es inminente, esto sería este miércoles, pero pedimos que nos den un poco más de plazo. La gente no puede levantar sus cosas así como así, hay vecinos que vive acá desde hace muchos años, muchos podríamos pagar una cuota y comprar el lote", reclamó Natalia Lapelle.

La voluntad que expresan algunos vecinos acerca de negociar una forma de poder comprar la tierra que ocupan choca de frente contra el valor que adquirió la tierra vacante en la periferia rosarina, donde es difícil hallar parcelas por debajo de los 80 dólares por metro cuadrado. La proliferación de urbanizaciones, y la consolidación de otras como el vecino barrio Tango suben el piso de los precios y lo alejan de la posibilidad de los sectores que más sufren el déficit habitacional. La inexistencia de crédito hace el resto.

Días atrás, a cuento de las masivas tomas de tierras privadas que perduran en Villa Gobernador Gálvez, el juez de circuito nº 6, Eduardo Arichuluaga, dijo a Rosario/12 que "en los últimos diez años se vino una catarata de juicios por recupero de posesión de inmuebles que antes no valían un mango y que ahora tienen un valor importante. Entonces sus dueños ahora sí consideran que vale la pena poner un abogado para desocuparlos para luego venderlos quizás por 150 mil dólares".