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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados será escenario hoy de un acalorado debate en torno de un postergado proyecto: una pensión a los ex presos políticos durante la última dictadura. El dictamen de mayoría que aprobó la Comisión de Derechos y Garantías, prevé cuatro mil pesos más la cobertura de IAPOS y es fogoneada por el diputado kirchnerista Gerardo Rico, mientras el de minoría establece 1.950 pesos, tiene las firmas de Griselda Tessio e Inés Bertero.

El resultado del debate es incierto: la comisión está formada por legisladores de diversas extracciones: la preside Marcela Aeberhard (PJ)

y se suman Joaquín Blanco (FPCS), Federico Angelini y Alejandra Vucasovich (PRO); Rosario Cristiani, Pablo Di Bert, Erika Gonnet, Avelino Lago, Ricardo Olivera del PJ, y los radicales Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro.

Aeberhard planteó: "No puedo adelantar cómo va salir el dictamen, lo que puedo decir es que todos estamos de acuerdo en el espíritu de la norma y en darle la cobertura de la obra social IAPOS, y que sea una compensación o pensión no contributiva. Lo que está en debate es que llegue a quien verdaderamente lo necesite y no se torne abusiva. Hay otro sector que sostiene que tiene un carácter de reparación histórica y entonces no puede sesgarse con censos o registros algunos. En lo personal pretendo que llegue a quien la necesite, creo que tenemos que ser responsables con los recursos del estado, y pienso que hay situaciones en las que podría discutirse si el estado debe pagarle con sus fondos a alguien que tiene una posición económica ya consolidada. Por eso va a ser interesante la discusión".

Por su parte el diputado Lago señaló: "Evidentemente va a haber discusión: nos costó mucho trabajo sacar en Derechos y Garantías un dictamen único, por eso tuvimos uno también de minoría y la verdad es que anticipar cualquier discusión que no fue sincerada hasta el momento, puede alejar algún acuerdo".

En resumen, este diario pudo ubicar tres posturas: el radicalismo plantea una comisión veedora, que establezca los beneficiarios y controle, mientras el Pro pide que se le abone solo a los que la necesiten. "Hay quienes construyeron una carrera política y cimentaron su bienestar económico, y no es justo que el estado ahora le deba pagar una pensión", razonaron desde el sector. Esto es rechazado por los autores, que sostiene que es una reparación histórica.

Finalmente hay otra discusión: si el valor de tres pensiones de la ley 5.110 sumaría 1950 pesos o si es del valor de dos pensiones mínimas lo que la ubica en 4000 pesos.

El que más se enojó con la negociación es el autor de la norma el diputado Rico, quien asegura que "el radicalismo sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios" por negarse a aprobar la norma de su autoría.