El juez federal Marcelo Bailaque recibió en los últimos días un legajo de 120 fojas enviados por el arzobispado rosarino, al que le había ordenado entregar todos los registros que poseyera acerca de la represión ilegal durante la última dictadura. El pedido había sido presentado por la abogada Gabriela Durruty y uno de los objetivos era profundizar la investigación que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli. El dossier comienza con una misiva del arzobispo José Luis Mollaghan que en sus párrafos más destacados reza, "después del tiempo necesario para llevar a cabo una búsqueda cuidadosa en la extensa documentación del archivo, puedo elevar a su digno conocimiento, cuanto sigue". El documento afirma también que "en los índices correspondientes al inventario del archivo no se han hallado referencias específicas a los hechos" .

A pesar de ello el Arzobispado remite algunas fojas de documental hallada en el "archivo físico" que ellos mismos organizan, acorde la siguiente descripción:

-- documentación referida a Causa Feced sobre hechos ya requeridos por la justicia

-- documentos referidos a Causa Feced consignados en el archivo del Arzobispado

Al analizar la documentación entregada la abogada de Familiares Gabriela Durruty manifestó: "Ante un primer análisis del material estamos en condiciones de afirmar que resulta exiguo, incompleto y carente de unicidad, pero indudablemente es el expreso reconocimiento de que se poseen gran cantidad de datos que aun no se han acercado a la justicia. Estamos analizando los pasos a seguir".

La documental acompañada se nutre mayoritariamente de cartas dirigidas por familiares de desaparecidos al arzobispado durante la época de comisión de los hechos, de copias de los hábeas corpus que se presentaban ante la justicia como parte de la desesperada búsqueda de sus seres queridos, y que eran también llevados al arzobispado para intentar conmover a las autoridades eclesiásticas de la época.

Durruty manifestó que resulta "notoria la ausencia de respuestas, la nula referencia a gestión alguna en pos de investigar los gravísimos hechos que numerosas familias denunciaban". Se abren muchos interrogantes: ¿Cuál es la postura actual de la iglesia rosarina? Acompañan desgarradoras cartas de familias en la búsqueda de integrantes desaparecidos que creían vivos. La desesperación de las misivas es desgarradora. El silencio de la iglesia es simplemente aterrador".

Párrafo aparte merece la encendida defensa del procesado capellán de la policía de Feced, Eugenio Zitelli, que realizara en 1984 el ex arzobispo Jorge Manuel López, no condena los hechos denunciados sino a los denunciantes por "atentar contra la reconciliación nacional".

También se acompaña un descargo que el imputado acompañara a sus jefes eclesiásticos donde niega haber "participado, ni conocido ningún acto que pueda ser repudiable en cuanto a violación de la libertad de las personas o haber visto procedimientos como torturas"

La iglesia no explica por qué descarta sin más las numerosas denuncias contra el ex capellán, la defensa de López en 1984 no dista en mucho de la que ensayara el párroco de la catedral, Raul Giménez más de dos décadas después.

En este sentido Durruty opinó que "ambas lógicas coinciden con la estrategia defensista que ensayaron durante años los perpetradores negando los hechos. Ese manto de duda ha sido desgarrado con la sentencia de la causa Díaz Bessone, es por ello que ya no pueden admitirse más dilaciones ni más silencios por parte de instituciones como la iglesia que sabemos participó activamente en la represión, hecho recientemente corroborado por otro procesado de la causa Feced, Jorge Rafael Videla.

Ambas defensas resultan inadmisibles, máxime conociendo el caudal de información que la iglesia manejó desde el día cero en relación a las víctimas del plan sistemático, agregó la abogada de Familiares Jesica Pellegrini.

También se incluyen en la documentación diversos petitorios presentados por Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Como una presentada en marzo de 1978 ante el Comando del Segundo Cuerpo y la misma iglesia, en la que se incluía además una lista de personas desaparecidas, y que chocó contra el muro de silencio impuesto por ambas instituciones. Entre ellas se cuenta una carta enviada al arzobispo Guillermo Bolatti: "Que paguen sus culpas los pecadores rodeados de la más amplia garantía de justicia, que aparezcan de una vez por todas los miles de ciudadanos desaparecidos, que sean puestos en libertad los que no cometieron delito alguno, que no sean maltratados en ningún momento los presos tal como lo exige nuestra tradición cristiana. Mientras ello no ocurra así, esas determinaciones y posturas de los hombres se convierten en caldo de cultivo de odios y venganzas de otros hombres, y se convierte en un círculo vicioso que solo aporta destrucción material y fundamentalmente espiritual. Por todo ello es que a usted también lo invitamos, con todo nuestro respeto, a que nos apoye en esta cruzada de guerra al odio, para que todos luchemos por la afirmación y consolidación de la Paz y la Justicia. Los católicos que firmamos estas líneas, sabemos que nuestro pastor no puede estar ausente".

Elida Luna, actual presidenta de la misma organización manifestó a Rosario/12 que "asomarse nuevamente a aquellos momentos, volver a leer nuestros pedidos nos conmueve infinitamente, nos trae el recuerdo de luchadores que ya no están y nos dan más fuerza para continuar en la búsqueda de los datos que la iglesia seguramente aun oculta.

Cabe recordar además que durante el juicio Díaz Bessone, se sucedieron numerosos testimonios que dan cuenta del rol que cumplió la iglesia durante la dictadura, como es el caso de Francisco y María Inés Oyarzábal, hermanos de José Oyarzábal, y Marcelo Márquez, hermano de Cristina, masacrados en Los Surgentes, quienes dieron cuenta del rol que el Padre García cumplió en la época de los hechos, por ejemplo al indicarles a las familia que "agregaran un plato para la Navidad porque sus familiares se presentarían a cenar".

Peti Luna está convencida que la Iglesia tiene mucha documental para mostrar: "Seguro registró datos del desarrollo del plan sistemático de represión ilegal, estos datos eran elevados por los vicariatos a cada obispado según jurisdicción, y desde cada obispo a la conferencia episcopal, quienes resguardan una copia, y otra se envió siempre a la sede del Vaticano a una oficina específicamente creada. El Vaticano guarda detalles del destino de nuestros familiares durante la dictadura eclesiástica cívico militar".