La Justicia Federal citó a los primeros testigos en la causa que investiga los delitos económicos cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, durante la última dictadura militar. Los hechos revisten categoría de delitos de lesa humanidad. La semana que viene, Augusto Duri y Raúl Frutos --presidente y vicepresidente de la comisión directiva-- serán los primeros a quienes escuchará el fiscal Gonzalo Stara tras la apertura de la investigación que ordenó el juez Marcelo Bailaque. Casi al mismo tiempo, y entre las medidas de recolección de pruebas, se oficiará a las administraciones pública y judicial para dar con los "antecedentes del manejo de los bienes de la Vigil", que llegó a tener 44 propiedades. "La importancia de esta causa reside en empezar a desglosar toda la red de complicidades que hubo, y determinar a quiénes benefició económicamente toda la situación que se dio durante la dictadura. También para que se empiece a descubrir a los civiles que colaboraban activamente y fueron beneficiarios", planteó María del Carmen Martínez, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa.

Luego de que la semana pasada el juez Bailaque hiciera lugar al requerimiento de instrucción de la fiscalía, ayer los abogados querellantes de la APDH y de los directivos, se reunieron con Stara para avanzar en el "organigrama" de la etapa de recolección de pruebas de la causa. "Lo primero es llamar a los testigos, y mandar oficios a distintas reparticiones pidiendo copia de expedientes administrativos y judiciales donde haya antecedentes del manejo de los bienes de la Vigil en toda la etapa de intervención, que fue durante la dictadura y en años de democracia", señaló Marcelo Scalona, abogado patrocinante de los directivos.

Entre los delitos que permitieron el saqueo de la Vigil, se sospecha que existió "robo agravado, daño agravado, estafas y defraudaciones contra el patrimonio de la biblioteca". En ese sentido, Scalona recordó que la Vigil contaba con una pinacoteca en la que había obras de reconocidos artistas con importante valor en el mercado, el telescopio --y su lente-- por el que en el año 1965 se pagaron 450 mil marcos alemanes; más de 70 mil libros y unas 44 propiedades. "Incluso, hubo ventas directas en lugar de subastas públicas, como plantea la ley", recordó el abogado.

El juez "empezará con pedidos de informes al Registro de la Propiedad y a la Dirección de Vivienda, para rastrear el historial de esas propiedades y así dar con las personas que dispusieron de los bienes. Además, se llamará a varios testigos: gente que trabajaba en la biblioteca que llegaron a ser unos 350", puntualizó Scalona, quien recordó que tras la recuperación de los cargos el 30 de julio pasado, la idea de los directivos es "recuperar socios y volver a plantear un proyecto barrial y para la ciudad, como fue la Vigil".

La biblioteca llegó a constituir el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del `60 y `70, en el interior de Argentina. Sin embargo, todo se desmoronó el 25 de febrero de 1977, con la intervención por parte de los integrantes de la Patota de Feced. Para la APDH, los delitos contra la institución constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos". Los directivos --obligados a renunciar-- fueron secuestrados al poco tiempo, y también torturados en la Jefatura, lo que constituye la causa por delitos de lesa humanidad.