El defensor oficial Héctor Silvio Galarza Azzoni presentó un escrito para pedir la absolución de Nilda Folch, que se encuentra prófuga de la justicia federal, acusada de tormentos en la causa conocida como Feced, que se encuentra en instrucción, donde se investigan hechos ocurridos en el Servicio de Informaciones, principal centro clandestino de detención de la región, por donde pasaron 2000 cautivos. Folch es la ex esposa de Ricardo Miguel Chomicky, absuelto por el Tribunal Oral Federal número 2 en su veredicto del 26 de marzo pasado por los mismos delitos que se le imputan a Folch. En el escrito presentado ante el juez federal Marcelo Bailaque, Galarza Azzoni se basa en un dictamen de la Procuración General de la Nación, elaborado en 2008 a partir de diversas causas que se tramitan en todo el país, entre las que nombraba específicamente a Chomicky y Folch, quienes colaboraron con la patota de Feced después de ser privados de su libertad.

Galarza Azzoni toma en cuenta también que "en el marco del juicio oral en donde se juzgó a Ricardo Miguel Chomicki, por los presuntos hechos imputados en autos Díaz Bessone, (idénticos hechos por las que se encuentra procesada en la presente instancia de instrucción Nilda Folch), los representantes del Ministerio Publico Fiscal, doctores Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, solicitaron la absolución de Chomicki".

Incluso, el defensor oficial retoma un documento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, publicado el 2 de agosto de 2010. Allí se dice: "abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados, equiparándolos a los jefes perpetradores del Genocidio es jurídicamente insostenible, pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante".

La presentación remarcó que el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde "basó en el citado escrito de la Procuración su presentación que señalaba el modo en que debían ser tratados juridícamente quienes habían permanecido secuestrados en los centros clandestinos de detención". De hecho, Galarza Azzoni cita algunos fragmentos del documento. "En los centros de detención argentinos (así como en otras experiencias de campos de concentración, la utilización de personas detenidas para cumplir tareas propias del campo, entre ellas, también tareas que implicaban violencia contra otros detenidos, ha sido una práctica constante", decía el trabajo elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Ese documento, fechado el 27 de junio de 2008, indicaba también: "He aquí un punto neurálgico de los casos analizados: la realización de una conducta bajo una presión psíquica insoportable, guiada por el instinto de supervivencia. La alternativa de no colaborar o de dejar de colaborar implicaba asumir el riesgo cierto de costos altísimos que se pagaban con nuevas torturas e inclusive con la vida misma. Cumplir con las órdenes, colaborar con los captores, era así, un modo de autoconservación". Esos párrafos fueron usados también por el propio Duhalde para firmar el desistimiento de la acusación a Chomicki. Para Galarza Azzoni, "Los fundamentos utilizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para desistir la acusación de Chomicki, indudablemente son aplicables al caso de Nilda Folch". De hecho, Mario Alfredo Marcote alias El Cura, está procesado por las violaciones que sufrió Folch en el SI. En la causa Díaz Bessone, sólo acusaron a Chomicki las querellas particulares --víctimas del terrorismo de estado-- representadas por las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Jessica Pellegrini y Leticia Faccendini, del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Chomicki estaba acusado de aplicación de tormentos en 17 casos, al igual que Folch. En su presentación, el defensor también toma en cuenta que la absolución de Chomicki no fue apelada. "Tanto el titular de la acción penal como los querellantes en esta causa tienen la postura de no perseguir penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas se quebraron y/o fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio", dice la presentación de Galarza Azzoni ante Bailaque, que ya les corrió traslado al Ministerio Público Fiscal y las querellas.