A media mañana de ayer, agentes y móviles del Comando Radioeléctrico volvieron a la calle, tras una protesta con autoacuartelamiento de casi 24 horas. Si bien el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que el tema se solucionó anteanoche, ayer a la madrugada personal de Jefatura contactó a la Justicia para dar cuenta de la situación "tensa" que se vivía en la dependencia al amanecer, con una protesta de "agentes exonerados y de familiares" que prohibían la salida del personal de patrulla. Por esas horas, el sector ligado al gremio no reconocido Apropol insistía con el bloqueo, mientras que los agentes se manifestaron "dispuestos" a salir a la calle. A primera hora, el juez de Instrucción Penal Juan Andrés Donnola y el fiscal Aníbal Vescovo llegaron al lugar donde se reunieron con los Jefes de la Policía provincial y la Unidad Regional II, y --previa comunicación con Lamberto-- formalizaron en un acta el acuerdo alcanzado la noche anterior, que incluyó "retrotraer" el cambio de horarios que provocó el conflicto, y mantener 45 unidades del Comando en la calle. En total, se garantizaron 101 móviles diarios. Ahora, se analizarán eventuales sanciones a quienes motorizaron la protesta.

Los policías reclamaron que quedara sin efecto el plan para cambiar la carga horaria que planteó el Ministerio de Seguridad. Los agentes sostienen que por la modificación de horarios se perderían servicios adicionales, que engrosan sus ingresos. La modalidad que se pretendía aplicar implicaba trabajar 8 horas diarias y descansar 24 horas, por lo que el turno va rotando. Lo que los policías consiguieron es mantener el régimen de 9 por 31. Después de la formalización del acuerdo, el jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, explicó que la rotación horaria anterior se mantendrá.

Luego del silencio del Ejecutivo durante las horas de alta tensión, a media mañana de ayer el ministro reconoció que son "tiempos conflictivos" en materia de seguridad. La solución apareció tras la visita del juez de Instrucción, que trabajó en conjunto con su colega en lo Correccional, Ignacio Vacca --quien dio la orden para que se permitiera la salida de los patrulleros--, ante el reclamo de los manifestantes, quienes pedían que el acuerdo alcanzado quedara plasmado en un acta.

El juez y el fiscal terminaron actuando como mediadores. En principio, llegaron a la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200 para observar personalmente la acalorada protesta relatada por teléfono desde la madrugada. Cauto, Donnola expresó que la Justicia hizo "una constatación de la situación", mientras que Lamberto destacó que fue "muy importante" la intervención judicial. El texto del acta establece "45 móviles del Comando; 24 unidades de Motorizada; 25 de Orden Público; y 7 de Infantería". Otro de los puntos del documento explicita que el "personal del Comando espera que se liberen los accesos para cumplir su labor".

Lamberto habló de sanciones individuales. "No hago caza de policías ni aplico sanciones genéricas. Habrá sumarios administrativos y se evaluará sobre los involucrados para otorgarles el derecho de defensa. Lo importante es normalizar el servicio y que la gente vuelva a tener seguridad. La fuerza tiene 18 mil efectivos y no hubo problemas con el resto de las agrupaciones de la Unidad Regional II".

Al mismo tiempo, aclaró que la ciudad no quedó desprotegida durante las horas de conflicto, porque la seguridad estuvo garantizada por el resto de las dependencias de la fuerza, con un "esfuerzo" de los jefes policiales de la URII; sin embargo, pasado el mediodía se supo que los relevos se hacían en las comisarías para evitar la Jefatura. "Una fuerza de seguridad no puede abandonar el servicio en tiempos tan conflictivos, con lo que puede significar abandonar un servicio de estas características", dijo el funcionario. De todos modos, aclaró que la situación fue generada por "un grupo reducido al Comando Radioléctrico de Rosario".

Al repasar los puntos del acuerdo, Lamberto detalló que "el conflicto con el Comando se solucionó a las doce de la noche (por anteanoche) mediante un acuerdo operativo que garantizaba lo que el Ministerio estaba pidiendo: cien móviles en la vía pública a disposición del 911. Yo no aceptaba modificación en ese sentido. A ese nivel no corresponde que ninguno de nosotros negocie: ni la fuerza, ni el personal político, sino que tratamos de encontrar formas de salir del conflicto sin agresiones", dijo.

Sobre la intervención judicial, el funcionario detalló: "Nos comunicamos con el juez Donnola por la situación de afuera: los manifestantes estaban bloqueando la salida a la vía pública. Cuando llegó el juez le pidieron que quedaran plasmados los puntos del acuerdo; y ante su consulta le pregunté qué podía hacer él, y me dijo que podría hacer un acta a partir de los puntos del acuerdo. Para nosotros fue importante la actuación del juez", señaló. Al respecto, una de las manifestantes, esposa de un policía, dijo a LT8: "El juez vino a hacer el trabajo sucio que al poder político no le da la cara para hacer".

Consultado sobre la posibilidad de que el inconveniente genere relevos en la fuerza provincial, Lamberto respondió: "Hoy lo que necesitamos es normalizar el tema y lograr que haya calma institucional, y después con la tranquilidad del caso determinaremos causas y responsabilidades".