"Muñoz es un apellido muy común, pero había un Jorge Muñoz que era custodio de Isabel Martínez de Perón", dijo el comisario general retirado de la Policía Federal, Raúl Acosta. "Sí, es él", afirmó cuando vio a Jorge Muñoz, uno de tres los acusados por delitos lesa humanidad en San Nicolás. La irrupción de ese dato puso sobre la mesa la historia del represor que dijo esperar "reconocimiento" por su actuación en la masacre del 19 de noviembre de 1976, en la calle Juan B. Justo 676, donde asesinaron a los militantes Ana María Granada, Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini y los niños María Eugenia y Fernando Amestoy, de cinco y tres años. Muñoz perteneció al núcleo fundador de la Triple A, fue estrecho colaborador del comisario Alberto Villar, y uno de los encargados de la represión en Villa Constitución, a partir el 20 de marzo de 1975. Su labor como guardaespaldas de la ex presidenta no consta en su legajo, adjuntado al expediente del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. Por entonces, lo ubican "en comisión". En cambio, sí puede leerse que fue condecorado por la dictadura de Hugo Banzer Suárez, en Bolivia, en 1972, por los servicios prestados. Después de la declaración de Acosta, Muñoz ﷓﷓jefe de la Policía Federal en San Nicolás en 1977﷓﷓ pidió ampliar su indagatoria, algo que ocurrirá en las próximas semanas.

El legajo consigna que Jorge Muñoz (de apellido paterno Muñoz Pinochet) nació el 14 de abril de 1935, e ingresó el 5 de enero de 1971 a la Dirección de Orden Urbano, a cargo del comisario Villar, conocida como "brigada antiguerrillera". A los pocos meses lo enviaron a Córdoba, para reprimir la manifestación conocida como El Viborazo. El 22 de octubre de 1971, Muñoz fue parte del escandaloso copamiento de la comisaría 4ª de la policía provincial de parte de los Federales. A los golpes, los efectivos al mando de Villar entraron para "rescatar" el sumario por la detención irregular de Eduardo Romero, de 25 años, a quien las huestes de Villar habían secuestrado durante unas horas el día anterior. Por ese episodio, Muñoz recibió la sanción de 15 días de arresto el 28 de marzo de 1972, impuesta por el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Rafael Herrera. Sin embargo, el legajo también consigna --en su folio 22-- que el 22 de noviembre de 1974, por orden de Villar, "se deja sin efecto la sanción".

El 16 de septiembre de 1971, también por órdenes de Villar, Muñoz fue "designado para dictar cursillo sobre guerrilla urbana, sabotaje, emboscadas, golpes de mano, terrorismo en distintas unidades del Ejército Argentino".

Sus servicios se extendieron a Bolivia. El 21 de enero de 1972 "se le autoriza a usar en el uniforme el distintivo de Ranger, que le fuera entregado por el gobierno de la República de Bolivia y fue también galardonado con el emblema de la Guardia Nacional de Bolivia". Así consta en el folio 83. La Unidad Rural de los Ranger fue designada por el dictador del vecino país para "combatir la insurgencia armada".

Las "hazañas" de Muñoz --todas documentadas-- recién empezaban. En julio de 1974, se consigna un "cambio de destino". Allí fue el todavía oficial principal Muñoz, bajo las órdenes de Antonio Fischietti, a participar de la represión previa al Operativo Independencia. Al año siguiente, entre enero y febrero de 1975, lo trasladaron a Villa Constitución. "Del entorno de Villar integran las AAA, el principal Jorge Muñoz, el inspector Jorge Veyra, el inspector Gustavo Eklund, el subinspector Eduardo Fumega, el inspector Alejandro Alais, el principal Bonifacio, el inspector Félix Farías y el principal retirado Tidio Durruti", sostuvo el ex comisario de la policía federal, Rodolfo Peregrino Fernández, en su declaración ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983. Así lo escribió el periodista Carlos del Frade, quien considera que esa declaración fue "la más precisa y clara descripción sobre el origen de la Triple A en la Argentina y sus principales operativos, entre ellos, Villa Constitución, el 20 de marzo de 1975".

El 21 mayo de 1975, en un momento del año inusual para los ascensos policiales, que se producen en diciembre, por decreto 1336 del Poder Ejecutivo Nacional, Muñoz fue ascendido a la categoría de Comisario. Al comienzo de la dictadura militar, Muñoz ya era jefe de la Policía Federal en San Nicolás.

El 19 de noviembre de 1976 se produjo la masacre por la que está acusado junto al ex jefe del Area 132 del Primer Cuerpo de Ejército, Manuel Fernando Saint Amant y al ex militar Antonio Bossie. En su defensa, cuando prestó declaración indagatoria, el 1º de agosto pasado, habló de un enfrentamiento y del suicidio de Amestoy y Fettolini. Las declaraciones de los vecinos que se sucedieron en estos tres meses del juicio oral y público desestiman la teoría del enfrentamiento. Unos 40 hombres del Ejército, la policía bonaerense y la Federal irrumpieron en la madrugada en la casa, tirando granadas de gases lacrimógenos --que terminaron asfixiando a dos de los tres niños-- y disparos a mansalva. Sólo sobrevivió el bebé de cinco meses, Manuel Gonçalves Granada, a quien sustrajeron su identidad durante 19 años.

Lo del suicidio, queda descartado por un sumario de prevención que el propio Muñoz elevó a la jefatura en noviembre de 1976, y cuyo original desapareció sugestivamente de la causa judicial iniciada en aquella época. "El suscripto al irrumpir en la finca con el principal Farías, el inspector Berutti y demás personal de esta unidad fueron recibidos mediante disparos de armas de fuego por una pareja de sediciosos que se hallaba dentro de la casa. De inmediato se repelió la nueva agresión logrando abatir a la mencionada pareja", dice el texto que Muñoz firmó en aquella época.

Justamente, Acosta --el que develó que Muñoz había custodiado a Isabel Perón-- desconoció su firma en la copia de aquel sumario que elevó la Dirección de Interior --de la que Acosta estaba a cargo-- a la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal. Los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray pidieron una pericia caligráfica pero antes dejaron constancia de que se trataba de un documento público, con membrete oficial de la Policía. El Tribunal integrado por Beatriz Caballero de Baravani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echague hizo lugar a la pericia, en la última etapa de producción de prueba del juicio.