La Municipalidad de Rosario denunció ayer al grupo de artistas callejeros que cortó el tránsito en calle Ovidio Lagos al 1200 en protesta porque la Justicia lo desalojó de una casa abandonada que habían ocupado. La ofensiva municipal logró que al mediodía los manifestantes accedieran a liberar la mitad de la calzada, pero la denuncia penal quedó asentada. Para Norberto Olivares, el abogado del colectivo cultural autodenominado Kasa Pirata, "preocupa que el Estado profundice una línea de criminalización o judicialización del confclito en lugar de resolverlo en forma no violenta y con diálogo".

El director de Asuntos Jurídicos del municipio rosarino, Alejandro Schvarztman, radicó la denuncia ante el juez penal en lo correccional nº 4, Gonzalo López Quintana. "Esta protesta interrumpe la circulación de vehículos y personas, y del transporte público de pasajeros en una medida sin relación con el objetivo perseguido: no estamos ante la necesidad de una familia sin techo. Es un grupo que quiere volver a ocupar una casa donde la Justicia ya se expidió desalojándolo", expuso el abogado de la municipalidad.

El conflicto detonó el lunes de la semana pasada, cuando la policía concretó el desalojo judicial activado por apoderados de la dueña de una derruida casona de Ovidio Lagos 1237 que los okupas tomaron y reconvirtieron como centro cultural. De allí salieron seis jóvenes procesados por el delito de usurpación, algo que ellos apelaron al entender que no hubo tal situación sino que hubo una simple ocupación, pasible de litigar en el fuero civil.

Desde entonces, montaron un piquete en la calle. Ayer al mediodía, luego de la denuncia radicada por el municipio, inspectores de Control Urbano y la policía consiguieron que los jóvenes aceptaran liberar media calzada para permitir la circulación vehicular. De todos modos, eso no conforma la exigencia municipal de que la calle sea liberada totalmente. Mientras tanto, adelantó Schvarztman, esperarán que el trámite de la denuncia avance por su cauce natural.

Para el representante legal del colectivo cultural, Olivares, la actitud del Palacio de los Leones es la de "criminalizar conflictos". En su lectura, el grupo "sufrió la acción de un privado, un constructor, que pidió la restitución de la casa para consumar un negocio inmobliario, y ahora viene el Estado que, en lugar de acercarse a charlar para ver si existe alternativa de conseguir un lugar donde puedan realizar sus actividades, recurre a la Justicia para resolver esto de forma violenta". "Es un juego de tenazas", dijo el letrado.