La Cámara de Apelaciones de Rosario declinó asumir sus culpas ante las demoras en causas por terrorismo de estado, apuntando directamente contra el estado nacional por no enviar los fondos necesarios. La discusión se suscitó por los "prontos despachos" firmados por el fiscal de Cámara, Claudio Palacín, por las demoras ostensibles en pronunciarse en causas por derechos humanos, concretamente en apelaciones de procesamientos y autos de falta de mérito. Puntualmente, el 27 de setiembre en un pronto despacho en el marco de la Causa Cambiasso-Pereyra Rossi, donde está procesado el comisario Luis Patti, la Cámara rosarina justificó sus demoras recordando que "se han promovido gestiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, tendientes a la creación de una tercera Sala (Acordadas Nº 235/06 de fecha 5 de diciembre de 2006 y nº 6/11 del 3 de febrero de 2011, de conformidad con la Resolución Nº 592/05 del Consejo de la Magistratura de la Nación que estableció la prioridad de creación de Tribunales, señalando que es necesario contar con una tercera Sala de la Cámara en esta jurisdicción) y se ha solicitado periódicamente la provisión de diversos cargos de personal para coadyuvar en la labor jurisdiccional, lo que ha sido acordado sólo parcialmente. Incluso, se han reasignado recursos a la Secretaría de Derechos Humanos de esta Cámara, a fin de lograr una mayor aceleración en las causas como las que aquí se mencionan".

Y por si fuera poco apelaron a dichos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, para llevar agua para su molino: "Por último, y en abono de todo lo anteriormente expuesto, corresponde tener presente lo que expresó en su visita a la provincia de Tucumán, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, en cuanto a que "la población tiene razón al exigir una Justicia más rápida, pero eso requiere además la modificación de legislación y más cantidad de jueces; los tres factores deben ir juntos, con el apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo".

En su descargo, al contestar el pronto despacho de Palacín, la Cámara recordó que está integrada por dos Salas que tienen competencia múltiple, esto es, que asumen el conocimiento y decisión de las causas penales, aquellas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos (en las que interviene "en pleno"), los amparos y cautelares, causas civiles, comerciales, laborales, contencioso-administrativo, tributarias y leyes especiales, siendo tribunal de alzada de ocho Juzgados Federales de primera instancia cuatro de Rosario, dos de Santa Fe y dos de San Nicolás, a la vez que atiende recursos directos administrativos".

En su favor, la Cámara apuntó que "tramita asuntos de la más variada naturaleza, debiendo en muchos casos resolver con acotados plazos procesales, las medidas cautelares y acciones de amparo, hábeas corpus y las causas penales con personas privadas de su libertad. A las cuestiones urgentes referidas precedentemente y todas las demás en que entiende este Tribunal, se le suman los 'Acuerdos de Cámara', que en materia de Superintendencia se realizan los días martes y jueves

(adviértase que tiene a su cargo tales cuestiones de Santa Fe y San Nicolás), y los necesarios acuerdos 'en pleno' para el análisis de las causas recibidas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos".

En su defensa, la Cámara contabilizó haber dictado "un total de

1280 fallos en distintas causas por violación a los Derechos Humanos, desde que dichas causas fueron reabiertas en algunos casos o comenzaron su tramitación, en otros, lo cual revela la extensa tarea que este Tribunal realiza en esta materia".

La contestación está firmada por el pleno de la Cámara local: Fernando Vidal, Liliana Arribillaga, Fernando Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo, Guillermo Toledo.