Los ecos que dejó la suspensión del clásico entre Central y Ñuls siguieron crepitando ayer, incluso con matices que denotan opiniones distintas dentro del mismo oficialismo. Mientras tanto, desde la empresa organizadora buscan un rival para armar un amistoso con el equipo de Arroyito y salvar por lo menos las entradas vendidas para el cotejo frustrado el domingo pasado. En tanto, la jueza liberó ayer a los ocho detenidos por los incidentes en el Parque de la Independencia y pidió la lista de los socios que entraron el domingo a la sede del club. En tanto, dirigentes kirchneristas y también el ex candidato a gobernador por el PRO, el cómico Miguel del Sel, salieron a cuestionar la política de seguridad (ver aparte).

El socialista Miguel Zamarini, presidente del Concejo Municipal, e intendente interino hasta hoy, que Mónica Fein regresa de vacaciones, hizo público su disenso con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, acerca de las responsabilidades sobre la suspensión del clásico rosarino. "Si no se jugó el clásico, es responsabilidad de todos. No debemos tomar el atajo de culpar a los clubes, y menos a uno en particular", pidió el concejal oficialista a través de su cuenta en la red social Twitter.

Lamberto había atribuido el desenlace a la decisión de la comisión directiva de Ñuls, y de su presidente en particular, Guillermo Lorente. "En el estadio de Central estaban dadas las condiciones para el partido. Yo planteé a las 18 que se necesitaban dos equipos, y había uno que no estaba dispuesto a jugar", había dicho el ministro. Zamarini llamó a "reconstruir y dialogar, que ese día llegará inexorablemente". No obstante, dijo que luego de los incidentes ocurridos en el Parque de la Independencia él compartió la decisión de suspender el partido. "En la cancha estaba todo bien, en otros sitios no. Lo asumimos y ahora hay que salir adelante. Las camisetas no se manchan", dijo el concejal a cargo del Ejecutivo municipal.

Es la segunda nota disonante que el oficialismo exhibe a propósito del evento fallido. El senador Miguel Lifschitz sorprendió anteayer al afirmar que "las condiciones no estaban dadas". El ex intendente consideró que organizar ambos encuentros "fue una locura de los dirigentes y del empresario", y que si él hubiera estado al frente de la Municipalidad, no los hubiera autorizado a realizarlo.

En la estela política que dejó el enfrentamiento entre la policía e hinchas de Ñuls en la sede del club, quedó pendiente la flecha lanzada por el diputado peronista Héctor Acuña, quien preside la comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Acuña pidió en declaraciones a la prensa que el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, concurra a la Legislatura a dar explicaciones sobre lo ocurrido y a exponer sobre el plan de seguridad del gobierno. Galassi le respondió de la misma forma ayer al diputado, durante el acto licitatorio para la compra de 600 videocámaras de seguridad para Rosario y Santa Fe. "No veo la razón para que yo tenga que ir a explicar la situación de seguridad. El ministro (Raúl Lamberto) estuvo dos veces en la Legislatura por esa cuestión. No tengo problemas, pero no son mis áreas de competencia. No tenemos la figura del jefe de gabinete como lo indica la Constitución nacional, sino un ministro de gobierno", contestó el titular de la cartera política.

Por su parte, Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, la empresa organizadora del evento, reveló que su objetivo es conseguir "un rival interesante" para que Central juegue un partido amistoso el domingo próximo. "Propondríamos que se use la misma entrada, y si no, se devolverá el dinero como corresponde", señaló. El empresario confesó experimentar "desilusión, porque si un partido que organizamos no sucede, para nosotros es un fracaso".

La jueza Alejandra Rodenas, a cargo de investigar los incidentes violentos, dispuso la libertad de los ocho hinchas leprosos que habían sido detenidos el domingo tras enfrentar a la policía. No obstante, quedaron imputados del delito de intimidación pública. Por imperio de la Ley del Deporte, podrían caberle entre uno y seis años de prisión si la pesquisa los confirma como responsables. Además, Rodenas pidió la lista de los socios que esa tarde ingresaron al club, para tomarles declaración testimonial en los próximos días.

El contrapunto de declaraciones ayer estuvo dado por dos diputadas: Inés Bertero (PS) y Aliza Damiani (FpV). La socialista defendió la posición de Lamberto, y cargó contra el presidente de Ñuls, a quien acusó de "no ser claro" ante hechos como la apertura de la sede contra todos los recaudos, el hallazgo de un arma dentro del club, las agresiones y el robo de fotos a un reportero gráfico.

En cambio, la legisladora kirchnerista criticó de Lamberto "la falta de decisiones y control que hizo que las barras bravas manden". Y reclamó que los responsables "se pongan a la altura de las circunstancias o tengan la grandeza de dar un paso al costado".