"No somos mujeres de segunda; tenemos derechos como todas". La frase fue parte de los reclamos que la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) --filiales Rosario y nacional-- hizo a nueve años del asesinato impune de la trabajadora sexual y dirigente gremial Sandra Cabrera. En el ruidoso acto frente a los Tribunales, reclamaron "que renuncie" el jefe de la Unidad Regional II Walter Miranda, denunciado por Sandra poco antes de su asesinato el 27 de enero de 2004, cuando ocupaba la subjefatura de la disuelta división Moralidad Pública. Con casacas rojas que advertían que "el trabajo sexual no es igual a trata de personas", las mujeres aseguraron: "El crimen de Sandra está impune y para muchos, olvidado; pero nosotras no callamos, Sandra está viva porque es nuestra bandera. Exigimos castigo a proxenetas y tratantes que no podrían existir sin la complicidad del poder político, judicial y policial". Además, Ammar seguirá reuniendo firmas para presentar el proyecto de ley de despenalización de la prostitución a nivel nacional.

"Yo sabía, yo sabía, que a Sandra la mató la policía", cantaron ayer las manifestantes antes de iniciar el acto, que se mezcló con el ruido de otros reclamos de justicia, por dos hechos de violencia que se investigan en Tribunales (ver recuadro). Además hubo concejales y adhesiones de otras organizaciones sociales, entre ellas la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FLGBT).

En diálogo con Rosario/12, Mariana Contreras, de Ammar nacional, señaló: "En esta ciudad hubo oídos sordos, pero las trabajadoras sexuales hoy tenemos voz. Insistimos que sin justicia para Sandra no hay justicia para su hija, Macarena, que hoy tiene 17 años. Son cuestiones materiales para una nena que en ese entonces tenía ocho años, pero el gobierno no se hizo cargo. No nos cansamos de seguir pidiendo, porque esta chica vive por voluntades y no puede ser así". Y agregó: "Necesitamos que se regularice una ley para las trabajadoras sexuales, para evitar muchas cosas, pero sobre todo la persecución policial. La causa está casi prescribiendo, y de alguna manera, la condena social es lo más fuerte que podemos dar". El principal acusado por el homicidio, el policía de la Federal Diego Parvluczyk, fue liberado por falta de pruebas.

"A Sandra la mataron por denunciar la trata de personas, la explotación de menores, la mafia y la corrupción de la fuerza policial. La mataron por no callarse ante la injusticia. La mató la misma policía que sigue actuando con impunidad, que hoy está bajo la lupa por su vinculación con la venta de drogas, la trata de personas y la coima narco. Cuando asesinaron a Sandra, el comisario Walter Miranda se desempeñaba como subjefe de la disuelta Moralidad Pública en Rosario, y fue pasado a disponibilidad tras verse imputado en las denuncias de nuestra compañera. Hoy es el jefe de policía de esta ciudad, lo que demuestra la complicidad con el poder judicial y la impunidad con la que se manejan las fuerzas policiales de esta provincia", dijo Georgina Orellano al leer el documento, ante la mirada triste de esa adolescente que creció sin su madre, sentada dentro de una camioneta que trasladó a las compañeras de Ammar nacional.

"Está más que claro que si el crimen de Sandra sigue sin resolverse es por la complicidad del poder político, que tiene como mano de obra a una policía al servicio de sus intereses", lanzaron. "Sabemos que lo de Sandra no fue un crimen casual, ni un hecho aislado, ni un crimen pasional como quiso dar a entender la Justicia. Fue un crimen político al que lamentablemente estamos expuestas las trabajadoras sexuales por la falta de compromiso con nuestro sector", dijeron, y recordaron que en 2004 el gobierno de la provincia estaba a cargo de Jorge Obeid. "Ni él, ni Binner, ni Bonfatti, demostraron un real compromiso en resolver el caso; mucho menos gobernar por los derechos de las trabajadoras sexuales, que siguen siendo perseguidas por la policía".

Casi al final del documento, dispararon: "La ley de trata, la prohibición de avisos de oferta sexual (rubro 59), las leyes para cerrar cabarets no hacen más que criminalizar nuestra actividad, volviéndola más clandestina y vulnerando nuestro derecho a trabajar; empujándonos a trabajar de manera precaria. Son políticas de maquillaje y oportunismo". Para las trabajadoras, "el problema no es el trabajo sexual, sino la estigmatización y falta de reconocimiento de derechos. Para muchos, algunas muertes no importan y valen menos que las de otras mujeres".

Más tarde, la concejala socialista Mariana Alonso dijo que "muchas veces hay liviandad de las causas judiciales; y la muerte de Sandra no tiene que ser en vano, para que muchos otros femicidios no queden impunes". En tanto, Norma López, del Frente para la Victoria, rescató a Sandra como madre, y recordó que "es todo un ícono de la lucha contra la trata y por los derechos de mujeres en situación de prostitución. Se plantó ante el poder político y ante la policía".

La causa de Sandra Cabrera tuvo 116 declaraciones testimoniales y 25 informativas. El 7 de noviembre de 2004, la Cámara de Apelaciones en lo Penal consideró que "no son válidas porque provienen de personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante", según dijeron desde Ammar; y lamentaron: "Los testimonios a la policía fueron uno calcado del otro, y sí fueron aceptados".