[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Nuevas pericias llegaron ayer a Tribunales en el marco de la causa que investiga al suspendido juez en lo Civil Nº 17, Alejandro Martín, a su secretario, tres abogados y un martillero. Un informe con cerca de 200 órdenes de pago fue entregado por el Banco de Santa Fe a la fiscalía Nº 3, a cargo de Carlos Covani. Los datos fueron solicitados meses atrás por el representante del Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción Nº 12 (en la causa por maniobras irregulares del Civil Nº 1, donde aparecen repetidos algunos de los acusados por el Civil 17º), para avanzar en la investigación y saber qué cobraron en los último diez años el abogado Luciano García Montaño y al martillero Oscar Kovalevsky, mientras las cuentas judiciales estaban en esa entidad. "Con estos datos habrá que ver si esas órdenes de pago están bien o mal cobradas, hay que revisarlas una por una", dijo una fuente que trabaja en la causa. Además, durante la mañana de ayer se realizaron pericias caligráficas de las firmas de Martín y su ex secretario Ricardo Lavaca, sobre las 56 maniobras irregulares con depósitos judiciales, por un millón 50 mil pesos, denunciadas por el Banco Municipal, en octubre de 2012.

La mecánica para la estafa consistía en librar embargos desde el juzgado investigado a partir de cinco expedientes, sobre depósitos judiciales de otros juzgados, y luego cobradas por los profesionales imputados.

A esa primera denuncia, se sumó otra en diciembre pasado, que daba cuenta de maniobras similares en el Civil y Comercial Nº 1, con las firmas de quien fuera juez hasta enero de 2011, Jorge Scavone, y nuevamente aparecían oficios firmados por Lavaca y Martín en aparente suplencia, en beneficio de dos profesionales denunciados en la presentación anterior: García Montaño y Kovalevsky; a quienes se sumó otro martillero, que sería familiar del segundo.

En el marco de esta denuncia, el fiscal Covani y la jueza Mónica Lamperti solicitaron un informe detallado de lo abonado al abogado y al martillero, en los últimos diez años. Al parecer, los datos permitirían allanar el camino hacia la confirmación de los delitos que se les imputan a los acusados: asociación ilícita, estafa reiterada, defraudación y falsificación de documento público. Y permitirían comprobar si las maniobras existieron antes de la fecha denunciada por el Banco Municipal. Además, la Justicia espera una pericia contable "para establecer los movimientos de cuentas judiciales" y ver el periplo de éstas "para confirmar lo que está en el expediente".

En paralelo con la causa penal, la Corte Suprema de Justicia provincial inició el jury a Martín, y por estas horas evalúa un recurso de inconstitucionalidad que presentó la defensa del magistrado, porque --según apuntaron-- el tribunal de enjuiciamiento es el mismo que inició el sumario y suspendió al juez.