El primer juicio por delitos de lesa humanidad en el cordón industrial del Gran Rosario, el mismo que el dictador Agustín Lanusse bautizara como "el cinturón rojo de la ribera del Paraná" comenzó ayer con un gusto amargo: querellantes y familiares de víctimas de la causa todavía en instrucción por 17 muertos y desaparecidos cuestionan que se tramite por separado la causa iniciada ayer por la privación ilegal de la libertad y tormentos a una sola víctima, Manuel Ricardo Casado, secuestrado el 25 de marzo de 1976 en San Lorenzo. Ayer, el secretario del Tribunal Oral Federal Número 1, Osvaldo Facciano, leyó los requerimientos de elevación a juicio contra Rubén Osvaldo Cervera, que era jefe del Batallón de Arsenales 121 y fue también intendente de facto de San Lorenzo; Horacio Hugo Maderna, que era oficial en ese Batallón y secretario de Gobierno municipal y de Pedro "Pili" Rodríguez, que era asesor jurídico de la Municipalidad de San Lorenzo desde antes del golpe y fue ascendido después por la dictadura. Los tres están en libertad.

Cuando terminó la lectura, el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci suspendió la audiencia hasta el 11 de abril. Ese día, la fiscal Mabel Colalongo planteará nuevamente (ya lo hizo por escrito en diciembre pasado) la acumulación de esta causa con la que investiga el resto de las desapariciones de la zona. Y en ese momento, Manuel Casado, decidirá si adhiere al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal.

"En diciembre, la defensa de los imputados se opuso a la acumulación, y el TOF 1 consideró que, si bien me asiste parte de razón, los imputados merecen una pronta resolución. Pero las víctimas, que no tuvieron acceso a la justicia, siguen sin tenerlo", apuntó Colalongo, quien aseguró: "En honor al cumplimiento de mi función, represento los intereses de la sociedad, que no son otros que estas causas se acumulen y se investiguen de manera conjunta".

El abogado de Casado, Gustavo Feldman, afirmó que su posición personal es que "el hecho del que fue víctima Manuel Casado respondió no solamente al plan criminal instituido el 24 de marzo de 1976 o un poco antes, sino además estuvo específicamente focalizado en una zona del país que ya tiempo antes del golpe se sindicaba como específicamente combativa, con especial atención por parte de las Fuerzas Armadas". Pero aclaró que la posición de la querella será decidida por el propio Casado en la próxima audiencia. "Va a decidir él personalmente si va a adherir al pedido de la fiscal de sumarlo a un juicio ulterior o va a seguir adelante con este proceso".

Casado era secretario general del Sindicato Municipal de San Lorenzo y fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, a las 16.30, cuando volvía con sus hermanas del cementerio. Su privación ilegal de la libertad fue en la esquina de Urquiza y San Martín de esa localidad, frente al Banco Nación. Desde allí fue trasladado a la Municipalidad de San Lorenzo, donde pudo ver a Pili Rodríguez, que participó de los primeros "ablandes" a los golpes y le dijo: "Esta es la última que hacés, de esta no te salvás". Las hermanas de Casado declararon, además, que fue Rodríguez quien lo señaló en la calle. Después, lo llevaron encapuchado al Batallón de Arsenales 121, donde lo torturaron. Casado pasó los últimos tres días de los 15 de cautiverio en la Jefatura de Policía de San Lorenzo, donde nuevamente fue interrogado por Cervera y Maderna.

Para los integrantes de la Mesa por la Verdad, la Memoria y la Justicia del Cordón Industrial, la elevación de esta causa fragmentada promueve la impunidad. "Lamentablemente, se ha separado de la causa del cordón, donde tenemos muchos desaparecidos, entre ellos mi esposo, Hugo Parente. En pocos días, en julio de 1976, hubo una redada general y secuestraron a muchos compañeros, la mayoría de ellos desaparecidos", expresó Viviana Della Siega, una de las querellantes del otro proceso, actualmente en instrucción.

La jornada de ayer se dedicó a leer los requerimientos de elevación a juicio ante el Tribunal Oral Federal número 1 integrado, además de Paulucci, por María Ivón Vella y José María Escobar Cello. La audiencia se reanudará el 11 de abril próximo, con las llamadas cuestiones preliminares. El cronograma previsto hasta ahora prevé diez semanas de debate oral. Un tema a considerar será cómo se tomarán los testimonios del ex jefe del Ejército Martín Balza, que ya lo hizo en la etapa de instrucción y del ex juez federal Santiago Harte. Los dos pidieron declarar por escrito pero Feldman se opuso.

Sobre la suspensión de la audiencia durante más de dos semanas fue crítica Soledad Chiodín, de la Mesa por la Verdad, la Memoria y la Justicia del Córdon Industrial. "Ya es una vergüenza la parcialización de la causa, y encima ahora se toman tantos días por Semana Santa", dijo la militante, quien se refirió con cierta sorna al "imponente crucifijo" que preside la Sala de Audiencias.