Un rato antes de morir asfixiado, Miguel Angel Saboldi -el Japo- le avisó a su mujer por mensaje de texto telefónico que estaban por asesinarlo, tal como presentía que iba a suceder desde que la policía lo ubicó la semana pasada en la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II. A sus familiares el desenlace no los tomó por sorpresa: afirman convencidos que fue un homicidio encargado desde afuera, y apuntaron como instigador al dueño de una remisería y de una bailanta, Luis Orlando Bassi, a quien acusaron de regentear el tráfico de drogas en Villa Gobernador Gálvez, con la anuencia del intendente Pedro González. Según los deudos de Saboldi, el plan para deshacerse de este hombre de 35 años empezó la semana pasada con su captura en una chacra de Alvear junto con cinco personas más, ocho kilos de cocaína, 14 panes de marihuana, armas y 150 mil pesos en billetes chicos. Siguió el lunes pasado con el homicidio de un amigo suyo, Fabián López, mientras dormía con su familia en el barrio Coronel Aguirre, y terminó ayer con el asesinato de Saboldi. El motivo barajado por su viuda habría sido la negativa de Japo a trabajar para los Bassi. Anoche, González desmintió la acusación y dijo que estuvo cenando días atrás junto a Saboldi, antes de que fuera detenido, claro.

La versión oficial fija los hechos a las 11.45 de ayer, en el pabellón 3 del penal situado detrás de Jefatura, en avenida Francia al 4700, en la esquina con Julio Marc, donde estaban 28 reclusos. El relato del jefe de la URII, Raúl Ardiles, añadió que todo empezó con una pelea entre los internos y que derivó en la quema de colchones que se tornó incontrolable. Dos esposas de detenidos, comunicadas con sus parejas vía SMS, le dijeron a Rosario/12 que Saboldi fue atacado por otros presos, envuelto en un colchón, sometido a puntazos de faca e incinerado en esa situación. Pero anoche la responsable del Instituto Médico Legal, Silvia Cavallini, aseguró la víctima murió por asfixia, al respirar monóxido de carbono en alta concentración y caliente, el humo que despidió posiblemente un colchón encendido. Y negó que el cuerpo tuviera quemaduras --cómo afirmó el director del Heca, Néstor Marchetti-- y mucho menos heridas punzo cortantes. Consultado, Ardiles admitió que en la requisa posterior se halló un objeto punzo cortante, pero se ciñó a la hipótesis de la revuelta de presos y posterior incendio.

Además de la víctima fatal, diez reclusos sufrieron quemaduras y principio de asfixia por lo que fueron derivados a distintos hospitales. Anoche, tres de ellos, internados en el Clemente Alvarez, estaban graves, con todo el cuerpo quemado y asistidos con respirador mecánico. El director del Heca dijo que Saboldi llegó sin vida, "en un patrullero, con quemaduras de 2º y 3º grado en el 100 por ciento del cuerpo". Consultado sobre la existencia de puñaladas en el cadáver, el médico dijo que no fue posible determinarlo a simple vista, y libró esa incógnita a la autopsia que, según Cavallini, no arrojó indicios de ninguna lesión corporal.

Al defensor general, Gabriel Ganón, lo dejaron entrar al pabellón cuando la policía ya lo había evacuado. Los internos, que serán reubicados en el penal de Piñero y en otros sectores de Alcaidía, se plantaron en la versión de un hecho accidental, mientras preparaban tortas fritas en un anafe. Muy distinto a lo que los familiares comentaban angustiados al otro lado del muro, agolpados contra el portón de la avenida Francia.

Los mensajes de texto emitidos por los propios presos convocaron de inmediato a una módica multitud de esposas, madres, hijas y hermanas en su mayoría. Todas angustiadas por no saber qué había pasado y qué seguía pasando a medida que salían ambulancias desde el interior rumbo a los hospitales del centro. Allí se hicieron escuchar denuncias contra el personal del presidio: que a cambio de dinero hacen la vista gorda para permitir el ingreso de drogas y alcohol, que los propios guardias venden vino y privilegios a los internos, y que los días de Saboldi estaban contados allí dentro.

Norma Acosta fue de las primeras en llegar, dominada por los nervios de lo que su marido le había anticipado. Ella voló hasta la Alcaidía cuando el Japo ya no atendió su celular.

Rodeada de familiares y amigos de su pareja, la mujer gritó su dolor. "Primero fue lo de la quinta de Alvear, después el lunes a su compañero, el Negro Fabio, y ahora esto. Pedro González lo quería muerto a él, ahora van por Diego Cuello. Todo lo que le habían puesto era mentira porque él no accedía a los pedidos del señor Jorge Pedro González, que quería algo y es lo que le voy a decir al juez en persona. Esto es un crimen mafioso", denunció. Y aseveró que la vida de Diego Cuello --detenido junto con Saboldi y que ayer salió indemne de la tragedia-- corre peligro por razones similares.

"El Gordo me dijo cinco minutos antes que lo estaban por matar. Desde ayer que me decía que lo iban a matar. Vino gente con la plata, bajaron al pabellón y mataron al padre de mis hijos acá adentro, porque no pudieron matarlo afuera. En estos días, un jefe de acá me llamó para sacarme plata. A la fiscal Arauz le dije en Tribunales que lo iban a matar al Japo y ella me ignoró", añadió. Y reveló que el jueves Saboldi la llamó para advertirle que estaba a punto de caer detenido y que eso era el resultado de una negativa a sumarse a los negocios de Luis Orlando "el Pollo" Bassi. A su alrededor, los deudos de Saboldi ratificaron el relato de Norma Acosta.

"González quería algo, y sus emisarios lo mataron, los dueños de una remisería con los que mi marido tenía problemas. Lo digo para que no atenten contra mi casa. Yo soy militante, anoche llamé a mis dirigentes porque les había dicho que esto me iba a pasar, pero me soltaron la mano", concluyó la viuda con quien Saboldi tuvo tres hijos, el menor de 7 años.

Los internos heridos y hospitalizados, según el jefe de la Alcaidía, Omar Dal Lago, son Guillermo Benavente, Cristian Chiazza, Darío Escobar (en el Heca), Carlos Mingolo y Walter Asencio (Roque Saenz Peña), Elías Cáceres, Ezequiel Balmaceda, Nelson Díaz y Sergio Roldán (Centenario), y Lucas Sandoval (Provincial). La investigación está en manos de la jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara y de la fiscal Viviana Baliche.