El dueño de la clausurada whiskería La Rosa Sexy Bar, Juan Cabrera, alias Indio Blanco, seguirá tras las rejas luego de haber negado ser proxeneta en su declaración frente a la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas. La magistrada lo indagó durante más de dos horas, y aunque el acusado se despegó de los cargos, se le imputó el "facilitamiento y promoción de la prostitución ajena" con fines económicos. Afuera del juzgado, una veintena de empleadas del local, con otros trabajadores y el hermano del imputado, reclamaron su libertad. Cabrera aseguró que sus dos locales funcionan "de manera independiente uno del otro", y dijo que su ganancia está en las copas que pagan los clientes prostituyentes en el cabaret, y en la tarifa de las habitaciones del hotel; pero negó cobrar un porcentaje a las mujeres prostituidas.

La causa contra Cabrera, tras el allanamiento en el local de Callao al 100, la madrugada del sábado pasado, tuvo ayer su correlato en Tribunales, donde el acusado de proxenetismo fue indagado por la jueza Rodenas y formalmente acusado. Tras negar haber promocionado la prostitución de las mujeres que trabajan en la whiskería, Cabrera comparó sus dos comercios contiguos con un supermercado que además de vender carne, también faena. "Son independientes", se defendió, aunque este diario pudo saber que hay pruebas que indican lo contrario.

Si bien se habla sólo de proxenetismo, en la causa judicial todavía no está descartada la hipótesis sobre la existencia de trata de personas. En ese sentido, temprano, la jueza recordó que tras el fallo de la causa Marita Verón, hay un nuevo marco legal que comenzó a regir a fines del año pasado. "Los artículos 21 y 23 de la nueva ley modifican los artículos del Código Penal y condenan las promoción y facilitación de la prostitución", que "no penalizan la prostitución sino la figura del proxeneta", y deja de lado la cuestión sobre la "voluntad".

Es que el allanamiento dio cuenta de una conexión entre la whiskería habilitada por la Municipalidad y el hotel alojamiento de al lado, casualmente con un mismo propietario: Cabrera. Incluso, se pudo saber que en el ingreso al hotel se puede ver en una pantalla lo que está pasando en el local. Una de las mujeres que estaba ayer en el Tribunal -donde también llegaron ex empleadas del clausurado Palacio Berlusconi- aseguró: "Nosotras podíamos ir a ese hotel o a cualquier otro; pero no le dábamos un porcentaje. A él le quedaba la plata de las copas y en todo caso, lo que se cobra de la habitación del hotel", tarifa que está alrededor de 150 pesos, y que "paga el cliente".

El defensor de Cabrera, Paul Krupnick, señaló que en su declaración, su defendido dijo que "el local era semanalmente controlado por la Municipalidad. Mostró sus contratos con las alternadoras, rubricado por el Instituto Municipal de la Mujer". Y agregó que el contrato con las empleadas "es sobre las copas del bar, y se comparten las ganancias; pero si alguna decide una cuestión sexual, a él no lo favorece, ni lucra con ello". Además, Krupnick dijo que el Indio reconoció que "tiene un hotel al lado del bar, que no está conectado físicamente, que él lo explota con parejas comunes, y con las chicas que van con clientes; pero negó recibir porcentajes". Más temprano, el defensor aseguró: "No había trata de personas, porque eso tiene que ver con una situación de esclavitud para el sometimiento sexual, bajo coacción o amenaza".

La causa se abrió tras una investigación que el fiscal Marcelo Vienna inició en agosto pasado. El sábado pasado La Rosa fue allanado por la Justicia, la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, la División Trata de Personas y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). En el allanamiento se pudo establecer que estaba distorsionada la habilitación de whiskería, frente a la conexión con el albergue, pero la clausura fue ordenada por la jueza.

Ayer, el titular de Seguridad Comunitaria Municipal, Luis Baita, el director de Inspecciones, Gregorio Ramírez, y la titular de Legal y Técnica municipal, Carmen Donadío, pidieron copia del expediente para evaluar cómo continúa la situación del local.