El concejal Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico, propuso la creación del Museo Municipal contra la Trata de Personas y Violencia de Género Raquel Liberman, "en homenaje a la mujer que enfrentó y denunció ante la Justicia a una red mafiosa de tratantes de personas, que actuaba bajo el amparo de policías, jueces y políticos, hacia finales de la década del '20 y principios del '30". El edil rememoró la historia de la ciudad respecto de la explotación sexual y recordó especialmente el asesinato de Sandra Cabrera, que "desnudó ante la sociedad la lucha que venían dando un grupo de mujeres sometidas a la explotación sexual y violaciones de sus derechos humanos fundamentales en convivencia con ciertos actores dentro de fuerzas policiales".

Para el edil, "el Museo deberá tener una organización y funcionamiento que tiendan a desalentar el consumo de sexo pago". El proyecto establece que la sede sea "un lugar paradigmático que sirva como motivo de reflexión y análisis como la Ex Estación Sunchales, donde accedían los contingentes de visitantes a los prostíbulos de Rosario o algún inmueble emblemático en el barrio Pichincha".

Todo el proyecto se enmarca en la llamada Nueva Museología, que "entiende al museo como un fenómeno histórico, que contiene un sistema de valores y se expresa a través de una museografía motivada por la acción comunitaria". Cortés subraya que la democracia cultural es una premisa de esta corriente, que "demanda un sistema de diálogo abierto e interactivo de participación entre los sujetos intervinientes".

Rosario, conocida como la Chicago Argentina a principios del siglo pasado, fue "la primera ciudad del país que tomó la cuestión de la prostitución como tema de interés político, reglamentado la prostitución y el funcionamiento de las casas de tolerancia, entre 1874 (un año antes que Buenos Aires) y 1932", recogió Cortés de estudios historiográficos.

La mirada romántica que impera sobre la historia prostibularia esconde muchas veces algo que el concejal Cortés se encarga de subrayar en su proyecto. "Existe numerosa documentación policial y periodística que da cuenta que en los prostíbulos la violencia contra las mujeres era moneda corriente y permeaba las relaciones que se establecían en su interior, tanto entre quienes lo administraban como las personas que frecuentaban y las mujeres obligadas a vivir en los burdeles".

Además de enumerar las leyes que penalizan la trata de personas, Cortés la define como "una violación a los Derechos Humanos" que "puede sostenerse debido al arraigo cultural de estereotipos donde es posible comerciar con el cuerpo de las mujeres, niño/as y someterlas a la explotación sexual".

A Cortés no se le escapa que "también está abierta la discusión social, referida a si el libre ejercicio de la prostitución puede ser considerado un trabajo, mientras tampoco se ha agotado el debate sobre la responsabilidad de los consumidores de prostitución".

Por todo eso, Cortés propone que el Museo se conforme "como un espacio democrático, educativo, social, cultural de reflexión comunitaria sobre la problemática de la trata de personas, la violencia de género, sus alcances y consecuencias en las víctimas".

El museo tendrá un área patrimonial, compuesto por un Archivo Digital Documental Legislativo, donde se conformara un minucioso banco de datos digital de documentación municipal, provincial, nacional e internacional en relación a la trata y violencia de género. El Archivo Testimonial, además, "reunirá información de los experiencias vividas por personas víctimas del proxenetismo, de familiares de las víctimas, jueces, abogados vinculados a diferentes causas".

También habrá un área educativa, cultural y social, orientada a crear espacios educativos "para crear conciencia sobre la vulnerabilidad de las personas sometidas al proxenetismo, las huellas psicológicas que pueden producir en las víctimas y en los consumidores, y sobre la formación de personas libres de represiones dispuestas a practicar sexo y obtener placer sin necesidad de violentar a terceros contribuyendo a generar una cultura de igualdad y respeto entre las personas".

Será la Municipalidad la encargada de garantizar "la instalación, conservación y funcionamiento del Museo", mediante la afectación de una partida específica y permanente en el Presupuesto Municipal.

La dirección del Museo estará a cargo de un Consejo Técnico Directivo compuesto por tres profesionales que "presentarán sus antecedentes curriculares y un proyecto para desarrollar en su gestión", y serán evaluados por una Comisión ad hoc. También integrarán el Consejo Técnico Directivo tres representantes de trabajadoras sexuales que hayan ejercido y/o ejerzan la prostitución.