El nuevo juez a cargo de investigar la catástrofe de Salta al 2100, Javier Beltramone, involucró a tres gerentes de Litoral Gas como imputados de estrago culposo agravado, la misma figura que pesa sobre el gasista Carlos García, quien ayer fue excarcelado. El caso ahora no tiene detenidos, pero sumó en la acusación a los responsables de la concesionaria del servicio, que hace diez días habían declarado a mero título informativo: el gerente general, Conrado Bianchi, la gerenta técnica, Viviana Leegstra y el gerente de Relaciones Públicas, José María González, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria.

El gasista, de 62 años, dejó en la tarde de ayer la celda que ocupaba en la seccional 3ª, de Dorrego 161, desde el 6 de agosto, horas después de la fatídica deflagración en Salta 2141. Aunque en libertad, García seguirá imputado en la investigación. Este hombre había alegado que las instalaciones de gas estaban en mal estado, que Litoral Gas había estado antes en el lugar y que cuando salió a pedir ayuda al 911 y a la guardia de la empresa nunca le contestaron. Además de liberar al técnico, el juez pidió que se le organice la lista de las más de 200 víctimas a las que habrá de tomarle declaración, entre deudos, sobrevivientes, heridos y damnificados con daños materiales. Y citó a declaración indagatoria a los gerentes de la compañía que ya habían comparecido el viernes 9 ante el juez anterior, Juan Carlos Curto. Ahora lo harán como imputados por la catástrofe. Es que, además, el juez requirió a Litoral Gas que informe cuántos edificios se encuentran en condiciones parecidas a las de Salta 2141 en cuanto a la antigüedad de los reguladores, y que se explaye sobre qué recomendaciones impartió al consorcio para cambiar las instalaciones deterioradas.

Beltramone ordenó la realización de un peritaje sobre caños y reguladores secuestrados en el edificio, y una evaluación de expertos sobre las fotografías y antecedentes operativos y demás datos colectados en la causa. Con eso pretende "comprender la mecánica de los sucesos" que desencadenaron la explosión. En un comunicado oficial, el magistrado explicó que busca "definir las características de posibles fallas" en la instalación externa e interna. También requirió ayer ensayos de materiales para "determinar fatigas, parámetros de tracción y pruebas hidrostáticas de tuberías, ensayos de susceptibilidad y velocidad de corrosión y estimación de la vida útil de este tipo de instalaciones tal como se encuentran hoy".

El juez procura averiguar, además, "si el lugar a la fecha de los hechos se encontraba habilitado conforme las normativas legales vigentes y si se cumplieron las mismas hasta el momento del desastre", señaló. En estos peritajes intervendrán el Centro de Ingenieros de Rosario. Por otra parte, mandó a ordenar las fotos que documentan la catástrofe y los daños causados en cada inmueble, y pedir a la Dirección de Catastro los planos de la zona cero y de las propiedades que vayan a demolerse.

El organismo contralor, Enargás, tendrá que aportar la normativa vigente y el contrato celebrado con Litoral Gas. Hasta ahora no lo hizo y sus responsables nada dijeron.