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Un empleado reclamista de Litoral Gas fue imputado ayer en la causa que investiga las causas de la explosión en el edificio de Salta 2141, que provocó 22 muertes. El personal fue acusado de "no haber realizado un informe pormenorizado de las irregularidades en el inmueble; y de no haber cerrado debidamente la válvula de servicio con un cepo", cuando concurrió tras el reclamo de la vecina del 9º F, el 25 de julio, a deshabilitar el servicio. La acusación tiene que ver con "conductas que posibilitaron el posterior accidente de (el gasista) Carlos García", que estaba trabajando en el palier de ingreso cuando sucedió la fuga fatal que derivó en el estallido, ya que "no informó debidamente todo, y por no haber pedido un cambio total del sistema". La defensa pidió la nulidad de la imputación. Hoy se realizará la primera audiencia de querellantes, en el juzgado de Instrucción Nº 10.

Gerardo B. es empleado reclamista de la empresa distribuidora del servicio, y fue el primero en hacer controles en el edificio siniestrado desde que se presentaron los inconvenientes que derivaron en el peor final. El 25 de julio llegó al edificio por el reclamo de una vecina que se quejó porque se apagaba el calefón de su departamento y porque no tenía gas en la cocina. El empleado dejó constancia de lo que detectó: "Pérdida en el acceso, con cepo. Se habilita con gasista matriculado". Fue entonces, cuando la administración contrató a José Luis A. el primer gasista que llegó al lugar, el 26 de julio, quien la semana pasada fue imputado y admitió que había abierto la llave de paso para detectar dónde estaba la fuga.

Ayer, para los investigadores quedó claro que el reclamista no puso un cerramiento seguro, por eso el gasista pudo manipular la válvula. "Cometió errores", dijo una fuente, en lo que fue el principio de los controles en el edificio.

El empleado se negó a responder preguntas y la defensa pidió la nulidad de la imputación porque argumentaron no saber de qué se lo acusaba. Además, plantearon que no existe un nexo causal entre la actuación del acusado el 25 de julio, con lo que finalmente sucedió el 6 de agosto.

Para la fiscal Graciela Argüelles, todas las pruebas de la imputación están en el expediente, por lo que consideró que no existe una vulneración al derecho de defensa. Y pidió a la jueza Irma Bilotta que mantenga el acto.

En tanto, tres abogados, que representan a más de una decena de familias, participarán de la audiencia de admisión de querellantes en la causa.