Rosario vivió ayer una jornada tensa: al autoacuartelamiento de parte de la policía, motorizado por el gremio no reconocido Apropol, se sumaron algunos hechos vandálicos y robos en grupo, marcados por hechos de violencia, que aunque no fueron generalizados, dispararon el temor en varias zonas comerciales, especialmente en el sur. La protesta de ayer tomó forma en la noche del viernes con una asamblea de quienes junto a familiares quemaron cubiertas y se manifestaron frente al portón de ingreso a la Jefatura de Policía sobre Ovidio Lagos para evitar la salida de los patrulleros del Comando Radioeléctrico, la fuerza que patrulla las calles de la ciudad. Esta fue la garantía para evitar la entrada y salida de móviles de la fuerza de choque. Pero después del mediodía la situación cambió: el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llegó a Rosario con 2000 gendarmes y prefectos, que desinflaron el miedo ciudadano detrás de la protesta. Con ese telón de fondo, el gobernador Antonio Bonfatti se animó a hacer el anuncio de mejora salarial: 1.500 pesos para uniformes; aumento del 20 por ciento del servicio adicional, sin descuento alguno; un bono especial de fin de año de 1.500 pesos y la apertura de una mesa institucional para discutir sueldos.

A última hora de ayer, el juez de instrucción Javier Beltramone, ordenó allanar la vivienda del líder de Apropol, Alberto Martínez, en busca de un teléfono celular desde el que se sospecha pudieron haber salido los mensajes intimidatorios hacia el gobernador Bonfatti. Mientras tanto, el piquete en Ovidio Lagos al 5200 continuaba a la noche, e impedía el retiro de las unidades que quedaron dentro de la Jefatura. Los relevos debieron hacerse afuera del edificio.

Ante esa medida judicial, el representante legal de Apropol, Miguel Portillo, presentó un hábeas corpus para evitar la detención de Martínez, que se encuentra en Santa Cruz participando de un encuentro de policías sindicalizados. Antes, Portillo había sido el vocero del rechazo de Apropol a la propuesta salarial.

A la tarde, en la conferencia de prensa en la que anunció los aumentos salariales para policías, el gobernador se esforzó por subrayar que los efectivos trabajaban "en total normalidad". Bonfatti remarcó que, pese a que "una pseudo organización sindical estuvo convocando a la sublevación de los policías y a la desestabilización del gobierno provincial, no se han producido incidentes y el personal policial ha cumplido con su servicio en forma normal" y continuó: "Por eso nos pareció oportuno realizar un reconocimiento a la actitud que asumió la inmensa mayoría de agentes de la Policía, por no decir todos menos un grupo pequeño no reconocido, y, en particular, a sus jefes, por su disposición de mando frente a toda la institución. Hacemos este reconocimiento a través de algunas disposiciones sobre las que ya venía trabajando el Ministerio de Seguridad y que ya han sido comunicadas a las jefaturas correspondientes".

La víspera estuvo marcada desde las primeras horas por la protesta policial, que ya en la madrugada del sábado había ganado las crónicas periodísticas: se empezaba a hablar de acuartelamiento, pero en rigor solo se concretó la falta de salida de móviles a las seis de la mañana, cuando el tercio que había salido a las 22 del día anterior debía regresar y entregar las unidades. Al no poder hacerlo libremente, si bien hubo policías dispuestos a tomarlos, no se concretó su salida.

Sin embargo, el tercio que debía tomar servicio a las 14, mostró más aceptación a la protesta y se resintió así aún más el servicio de vigilancia.

Durante parte de la tarde se pudo ver -por ejemplo- a jóvenes mujeres policías a bordo de las unidades del Comando que no son las que circulan habitualmente, sino que corresponden a una camada anterior de unidades compradas, los Chevrolet Corsa, muchos de los cuales están fuera de servicio.

Pero no sólo en los portones de ingreso tuvieron lugar acciones de protesta: la alcaidía se convirtió en un escenario de pelea también. Alrededor de las nueve de la mañana, cuando un grupo numeroso de familiares esperaba ingresar al penal para la visita a los internos, se les comunicó que no iba a ser posible. Paralelamente, un grupo de policías hostigó a los internos. La maniobra fue leída como una forma de hacer reaccionar a los detenidos y completar la escena de protesta.

Desde temprano se tuvo en cuenta que la protesta podía tomar más cuerpo con el correr de las horas. Lo demuestra el gesto de las autoridades del club de fútbol infantil que funciona en el predio de la ex fábrica militar, que suspendió la jornada deportiva temprano en la mañana.

La zona de Ovidio Lagos al 5000 cambió rápidamente con el correr de las horas: neumáticos encendidos provocando un humo negro, que hacía de a ratos, el aire irrespirable. Los piquetes se concretaron en todos los ingresos y egresos del predio de Jefatura, por avenida Francia y también por un pequeño portón ubicado sobre Julio Marc que era custodiado por varios hombres jóvenes fornidos, que tapaban sus rostros con pañuelos. Vehículos con vidrios polarizados y otros sin patente a la vista, completaban la escena.

Paralelamente, los avisos sobre presuntos actos de pillaje colectivos estaban a la orden del día. Sin embargo al terminar el día, solo pudo confirmarse un puñado de ellos. Uno tuvo lugar en la zona sur, en Castro Barros y Lamadrid, frente a un complejo Fonavi, hacia donde se dirigieron las miradas de sospecha (ver página 4).

A solo metros de esa esquina, en la ochava siguiente, en Lamadrid y La Paz, una ferretería fue saqueada, y gran parte de su mercadería arrebatada en pocos minutos.

La situación fue leída rápidamente por comerciantes de la zona, como el del supermercado Apolo, que tiene dos locales por Lamadrid, y que colocó volquetes en su frente, y contrató vigilancia adicional. O como el titular del supermercado Las Palmeras de Ayacucho al 6000, que además de un volquete en cada portón de ingreso, y tres custodios armados, decidió contratar a Igor, un rottwailer con cara de pocos amigos, que encadenó a la reja de ingreso.

Las versiones en las redes sociales y llamados a los medios de comunicación alertaron sobre supuestos intentos de saqueos y otros hechos, la mayoría descartados por distintos voceros del gobierno provincial y local. Entre las corroboradas, según publicó ayer el portal Rosario3.com, estuvo una extraña operación realizada por un patrullero. El móvil en cuestión se ubicó al mediodía en el ingreso a la ciudad desde la autopista que viene de Capital Federal. Su dotación se dedicó a desviar a los autos que llegaban con el pretexto de que en la zona sur de la ciudad estaban "robando por todos lados", algo que no era cierto. Fuentes del gobierno provincial reconocieron que ese accionar existió durante alrededor de una hora pero que se enviaron patrulleros de Gendarmería y de la fuerza "oficial". El tránsito en la autopista quedó entonces normalizado.

En tanto, desde la organización policial Apropol emitieron un comunicado. "Quienes nos autoconvocamos somos personal saliente del turno tarde y los que están franco de servicio y retirados junto a familiares. Los trabajadores policiales nucleados en Apropol bajo ningún punto de vista buscamos generar perjuicios a la sociedad en un servicio esencial como el que desarrollamos", dijeron desde la agrupación.

Con el correr de las horas, llegó finalmente la oferta de mejora salarial que ni bien fue recibida por el abogado Miguel Portillo, segundo a cargo de Apropol, fue rechazada de plano.

Por ese entonces se confirmaba la llegada de gendarmes y prefectos a la ciudad, que también fue debatida en una especie de asamblea en los portones de la Jefatura. "La calle es mía, y no de los gendarmes. No podemos permitirlo" se enardeció un corpulento policía del Comando, confesando cuál es la mirada de muchos hombres de la fuerza, más cercana a una franquicia para hacer negocios, que a la de un servidor público.