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Frente a la inminente puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en la provincia, el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial esperan la aprobación de un proyecto de Ley de Herramientas, que consideran "importante" para la puesta en funcionamiento de la reforma. La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores la semana pasada, pero anteayer no llegó a tratarse en la sesión de Diputados, y se corre el riesgo de que no sea tratada este año. La preocupación está fundada en que se trata de una ley "necesaria" para el nuevo sistema, que regirá desde el 10 de febrero. La dificultad está dada en un planteo del Colegio de Magistrados, que está en desacuerdo con la supresión de la figura del secretario de las audiencias públicas para dar fe.

Desde el ministerio se Justicia y Derechos Humanos, su titular, Juan Lewis, consideró que "se puede lograr otra sesión de Diputados" porque "hay muchos diputados comprometidos y sensibilizados que saben que es una herramienta fundamental para el nuevo sistema. Además, el del secretario no es el único punto, hay otras cuestiones cruciales como el régimen de recusación de magistrados que actualmente es bastante rígido, lo que implicaría una rotación de jueces innecesaria frente a cada causa; el tema de la ampliación de colegios interdistritales", entre otros.

El funcionario señaló que la figura del secretario pertenece al sistema escriturista, donde hay actas que luego utiliza el juez para resolver. "No tiene sentido en un procedimiento oral y público, donde está la publicidad como garantía más eficaz que la fe pública, y los jueces deben resolver en la propia audiencia", ejemplificó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Leandro Busatto, dijo que cuando el tema llegó a la Comisión, enseguida entró una nota del Colegio de Magistrados y se realizó una audiencia con otros legisladores, donde se objetó el tema. "Lo que plantearon los magistrados es que la ley de reforma aprobada no contemplaba esta cuestión".

Busatto planteó que tras las reuniones, "la mayoría consideró que es un tema para revisar según los argumentos, porque es muy puntilloso". Y resumió: "Los magistrados plantean que los secretarios sigan ejerciendo su función en las audiencias para dar fe; mientras que el gobierno plantea que entorpece la celeridad del proceso".

De todos modos, el Ejecutivo sostiene que "se discutió en varias instancias y mesas de diálogos hace más de un año".