De las cuatro personas que las Tropas de Operaciones Especiales detuvieron el martes, dentro de la causa por el atentado a la casa del gobernador Antonio, ayer quedaba una sola encarcelada, pero no por una imputación directa con el caso: se trata de un suboficial de policía que trabaja en el Comando Radioeléctrico. Uno de los abogados defensores intervinientes hizo pública su impresión de que los 14 balazos disparados aquel 11 de octubre fue una escena urdida desde adentro de la propia fuerza de seguridad, en el marco de una disputa interna. La hipótesis de los investigadores sintoniza en parte con esa conclusión y ubica a algunos uniformados como cómplices en una organización en pugna por dominar negocios ilegales en la zona norte.

Ayer, luego de que se disiparan los efectos de los siete allanamientos realizados por las TOE en la víspera, el defensor de Sandoval, Marcos Cella, develó sus conjeturas acerca del telón de fondo de este caso y afirmó sin vueltas: "No cabe duda que fue un atentado orquestado desde adentro de la policía".

La hipótesis del jefe de las TOE, Adrián Forni, también incluye uniformados pero en complicidad con una organización narco. "La línea más firme de la investigación es la que vincula a gente del mundo del narcotráfico, que quiere dominar una jurisdicción, con la colaboración de algunos policías que pujan para que esos negocios existan", dijo el comisario.

El abogado Cella, en tanto, aseguró por LT8 que "no hay ningún tipo de prueba objetiva y clara que permita afirmar a esta altura del proceso" que su defendido "pueda tener algo que ver con el ataque a la casa del gobernador". Cella fue más allá y aseveró que "desde el principio de la causa, la cuestión de la pata policial está y es cierta. No me cabe duda de que fue un atentado orquestado desde adentro de la policía". En su punto de vista, "la causa completa es un compendio de hipótesis disparatadas y ridículas que nada tienen que ver con la realidad". Y observó que en los informes policiales que alimentan el expediente "se han tomado un montón de nombres de distintos personajes conocidos de la ciudad, que incluso algunos ni se conocen entre sí, y se los ha vinculado". El penalista cuestionó el trabajo de los investigadores y le apuntó a "la existencia de pruebas indiciarias que no son cierta y que generó la policía". En diálogo con Rosario/12 recordó haberle advertido a la jueza Pérez Vara que "si aparece enseguida un arma y se la presenta como la usada en el atentado, ese será el indicio más claro de que la policía está atrás de esto, y dos días después pasó lo de la comisaría 10". Con esto se refirió a la denuncia anónima que motivó el 25 de octubre un allanamiento a la seccional de Alberdi y que terminó en el hallazgo de una pistola adentro de un auto secuestrado. El peritaje sobre ese arma indicó que nada tenía que ver con el tiroteo contra la casa del mandatario.

Cella reveló un confuso episodio que pasó en setiembre, cuando policías detuvieron a una abogada cuando transitaba en un Ford Mondeo cerca de la casa de Bonfatti. "Dijeron que en ese auto también estaba Ema Pimpi (Sandoval), lo cual es una mentira absoluta, y entiendo que eso se hizo sólo para complicar a mi cliente con indicios que apuntalen esa teoría falsa". Por último, subrayó que "a la familia Sandoval no se le secuestró en absoluto ningún tipo de vaina, de arma, pistola o ametralladora que esté vinculada con la causa. El Ema Pimpi está negando desde el principio su participación en el hecho. Y a él le están negando sus derechos, porque está en Coronda, donde fue amenazado y sufrió golpes".

Uno solo. El policía detenido el martes y que ayer continuaba recluido en la sede de las TOE es el suboficial Luis Alberto G., quien ayer se abstuvo de declarar al comparecer en el juzgado de instrucción n 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara. El peritaje realizado sobre la pistola 9 milímetros que las TOE le secuestraron en su domicilio indicó que no fue el arma utilizada en la balacera contra la vivienda familiar de Bonfatti, tras cotejar su cañón con las vainas servidas que quedaron diseminadas sobre calle Darragueira. Pero como esa pistola no era la asignada oficialmente al policía y su numeración de serie estaba limada, el hombre quedó imputado del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por tratarse de un funcionario público. El encubrimiento alude al hecho de tener esa pistola que puede haber sido robada o empleada para cometer un delito, pero no al atentado contra el titular del Ejecutivo provincial.

El suboficial volvió a su encierro, y su abogado, Horacio Corbacho, presentó al juzgado el pedido de excarcelación, algo que daba por seguro que se produciría hoy. Por lo tanto, la causa quedaría con los dos detenidos del principio: el policía pasado a disponibilidad Pablo Espíndola, que revistaba en la comisaría 10 y a quien se lo detuvo con una Colt 11.25 que, según los peritajes, fue una de las armas empleadas en la balacera.

Corbacho desestimó la acusación que partió desde el seno de la investigación y que ubicaba a su cliente en la venta ilegal de armas y municiones a delincuentes.

El suboficial Luis G. había sido incriminado por una comunicación telefónica con un agente de la seccional 10 que le habría dicho saber quién había ordenado el ataque. Este policía también había sido detenido el martes, pero antenoche recuperó la libertad, luego de que el peritaje sobre su pistola oficial resultara negativo en relación a la causa. Ni siquiera llegó a ser interrogado por el contenido de aquella comunicación y la jueza firmó su excarcelación. Lo mismo ocurrió con un joven de 20 años, a quien las TOE señalaban como uno de los pistoleros que consumaron el atentado, pero que el peritaje sobre su pistola contradijo.

La cuarta persona arrestada, y excarcelada de inmediato, fue una mujer de 45 años, madre de Emanuel Sandoval, quien sí está preso en el marco de esta investigación, igual que el policía Espíndola.