El Tribunal de Cuentas municipal detectó incompatibilidades en trece casos de titulares de licencias de taxis que, además, son empleados de planta en el municipio, a pesar de que está prohibido. El informe de control sobre "derechos de explotación del servicio público de automóviles con taxímetro" está fechado el lunes 14 y presentado ya en el Concejo, donde ayer escandalizó a los ediles del Frente para la Victoria. "Es un error muy grosero que da lugar a suspicacias sobre posibles connivencias, quizás, o una insólita negligencia, como mínimo", calificó Roberto Sukerman, quien pedirá explicaciones al Ejecutivo en la sesión de mañana.

El órgano contralor del municipio revisó el cumplimiento legal sobre la situación del servicio de taxis concesionado a particulares y lo concluyó con el dictamen 618, elaborado a partir del examen de las 3.677 licencias habilitadas y 58 caducas, al 29 de julio del año pasado, según el registro de la Dirección de Fiscalización de Transporte. Los revisores cotejaron esa lista con la base de datos del personal municipal requerida a la Dirección General de Personal y al Ilar, y allí detectaron situaciones que se encuadran dentro de las prohibiciones previstas por el Estatuto para el Personal Municipal, donde impone que los agentes del Estado local no pueden "recibir beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u otorgados por la administración en el orden municipal o comunal". El impedimento está advertido desde la ley provincial 9286, sobre el "estatuto y escalafón del personal de municipalidades y comunas de Santa Fe", que manda a esos agentes a "declarar todas las actividades que desempeña y el origen de todos sus ingresos para establecer sin son compatibles con el ejercicio de sus funciones".

El análisis detectó 13 casos que violan el marco jurídico, con un atenuante en el caso de la licencia RA 2537, otorgada a un empleado municipal antes de que se emitiera la ley 9286. Hay siete personas que luego de haber obtenido una licencia de taxi, ingresaron a la planta del personal municipal como empleados estables. Esta es una de las irregularidades reveladas por el Tribunal. La otra sucedió a la inversa: hay cinco empleados municipales que aun en esa condición, se postularon y consiguieron una chapa de taxi. La reglamentación vigente prohíbe ambos casos.

"De continuar la incompatibilidad a la fecha, se deberán arbitrar las medidas conducentes, atento a que ambas situaciones no pueden coexistir", señala el dictamen fiscalizador. El informe, firmado por el presidente del Tribunal, Efrén Vera, la vocal María Inés Velásquez, y la fiscal Marina Marsili, añade que "se solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos que emita opinión al respecto y/o emita la documentación que soncidere, sin que se recepcionara respuesta alguna". "Es inconcebible que la Municipalidad haya entregado licencias de taxis a sus empleados. Esto viola las prohibiciones previstas por el Estatuto para el Personal Municipal. A los siete que entraron a planta siendo titulares de taxis se les debería haber pedido que renuncien a la titularidad de la licencia antes de ingresar", señaló la concejala López. "Además, la Municipalidad entregó cinco licencias a personas que ya eran empleados. Esto evidencia que el municipio no controla los requisitos e incompatibilidades de quienes entran a su planta y que la Secretaría de Servicios Públicos no cruza los datos".

El dictamen 618 no abunda sobre las identidades de los 13 incompatibles, ni sus funciones ni las fechas en las que accedieron a la explotación del servicio público o al empleo municipal. Eso es lo que van a pedir los concejales kirchneristas en la sesión de mañana. "En el caso de los cinco agentes que accedieron a una chapa, Servicios Públicos falló en el chequeo. Cómo no cruzar la lista de solicitantes con el padrón de empleados? En el caso de los siete, habrá que ver en qué área se desempeñan y quién aprobó sus ingresos como empleados. O entregan las licencias o renuncian al empleo público", planteó Sukerman. "Lo sucedido --agregó-- nos pone en la disyuntiva de pensar si incumplieron el Estatuto por ineficiencia o por connivencia. Señala una incompatibilidad notoria que da lugar a suspicacias. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Tribunal pidió un informe a la Secretaría de Servicios Públicos para que emita opinión o expida la documentación y no obtuvo respuestas. No contestar un requerimiento del Tribunal, que es órgano de control externo del municipio, puede ser una falta grave de los funcionarios públicos que se negaron", amonestó el presidente del bloque del FpV.