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La Justicia rechazó la apelación de los procesamientos a las personas acusadas del delito de estrago culposo, por la explosión de calle Salta 2141 que dejó 22 víctimas fatales. Según pudo saber este diario, en la resolución -enmarcada en la ley del nuevo sistema procesal penal- no se admite el planteo de que se revisen los procesamientos en la Cámara, porque -entre otros motivos- los acusados no están detenidos. Así, los once procesamientos que resolvió en primera instancia la jueza Irma Bilotta quedaron firmes, aunque a los defensores les queda abierta la vía de recurso de inconstitucionalidad. Carlos Buffarini, abogado del gasista Carlos García, recordó: "La resolución de la jueza se basa en la pericia y nosotros desde el principio venimos impugnando a los peritos, pero todo fue rechazado en el fallo de primera instancia".

A fines de febrero pasado, la jueza de Instrucción 10 procesó al gasista García y su ayudante Pablo Miño (que no apeló el fallo), quienes trabajaban en el edificio al momento de la explosión y alcanzaron a escapar minutos antes. La resolución alcanzó también al gasista José Allala, quien realizó arreglos días antes de la tragedia. Por parte de la empresa Litoral Gas, llegarán a juicio a gerenta del área Técnica, Viviana Leegstra; al jefe de Inspecciones, Claudio Tonucci; y los inspectores que trabajaron durante los días previos al estallido, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba. En tanto, la jueza también encontró responsabilidad penal en los administradores del consorcio del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

El delito que les achacó la magistrada, seis meses después de la tragedia que enlutó a la ciudad, es "estrago culposo agravado, seguido de muerte", en calidad de autores. Todos permanecen en estado de libertad porque la pena máxima es de cinco años, aunque se les trabó embargo por distintos montos.

A los pocos días de conocido el fallo, los abogados de nueve de los once imputados presentaron recurso de apelación ante la Alzada, cuando ya regía en la provincia el nuevo sistema procesal penal, que plantea que un juez (sorteado) revise si admite el recurso. Así, la causa llegó a manos del magistrado Guillermo Llaudet Maza, quien rechazó el planteo por considerar que el procesamiento, en esta instancia del proceso, no causa "un gravamen irreparable".

"Se rechazaron todas las apelaciones que fueron presentadas. El argumento de fondo es que se aplica el nuevo código procesal penal y estas cuestiones no son apelables, entonces se fundan en que no causan gravamen irreparable y que se podrían enmendar en el juicio posterior", señaló Buffarini. El abogado adelantó que planteará un recurso de inconstitucionalidad.