Como ciudadano común, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Darío Maiorana, fue a la Justicia para reclamar la "urgente" autonomía de Rosario, y que se declare inconstitucional la ley orgánica de municipios y comunas. Según indicó, dicha normativa impide que la ciudad (y también corre para la capital santafesina) sea autónoma, y apuntó a que se reglamente el artículo 123 de la Constitución Nacional que determina esta facultad. "Rosario es la ciudad más grande del interior del país que no es capital de provincia, tiene autonomía en lo cultural y social, pero no en lo legal y económico", sostuvo para respaldar el planteo que realizó en la Justicia Civil, mediante un recurso de clase.

Entre los fundamentos para presentar el reclamo a la Justicia, Maiorana señaló que "la provincia de Santa Fe no reglamentó la puesta en marcha de la autonomía municipal, después de 20 años recorridos desde la norma". Frente a ello, y por la "inacción y omisión los gobiernos constituidos en la provincia, durante 20 años se me ha negado el derecho de pertenecer a una ciudad autónoma, colocándome a mí y al resto de los ciudadanos en un estado de discriminación". El pedido busca que "se concrete el cumplimiento del mandato constitucional".

El rector señaló que la presentación, patrocinada por el abogado Juan Carlos Lorenzo, plantea tres cuestiones: "Que se me considere ciudadano con los derechos que enuncia la Constitución Nacional en su artículo 123, que tiene que ver con la autonomía de las ciudades. Por otro lado, con respecto a los artículos 1 y 6 de la Constitución que establecen que los derechos consagrados alcanzan a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, planteo que mi derecho a vivir en una ciudad autónoma se ve vulnerado porque la ley provincial orgánica de derechos y comunas impide que mi ciudad sean autónomas. Le pido a la Justicia que declare inconstitucional esa ley. En tercer lugar, pido que mi presentación incluya a todos los ciudadanos de la provincia", resumió. En diálogo con este diario, Maiorana argumentó: "Desde 1994, ningún gobierno municipal o provincial reglamentó esta cuestión como para que yo pueda tener derecho". En el escrito que llevó ayer a Tribunales, planteó que "hay angustiosas circunstancias que nos llevan permanentemente a dialogar y debatir sobre la exclusión social y la inseguridad. Se trata de situaciones cuya solución se hace cada vez más complicada por todas las ingerencia y efectos que las rodean y cuya problemática no puede escapar a ningún estadío de gobierno y sociedad. Sin embargo, ante la falta de autonomía los municipios cuentan con muy pocos recursos para que su contribución resulte positiva. La posibilidad de actuar de inmediato servirá para producir efectos que superen con creces la dilación burocrática y muchas veces politizada de los gobiernos centrales. El ejercicio de la prevención y soluciones inmediatas reducen la corrupción de funcionarios y políticos". Y agregó que la idea es "lograr una certeza que lleve a suponer que en un lapso relativamente breve se permita a los ciudadanos contar con herramientas locales que autoricen a soñar con una ciudad más segura, inclusiva, con mejor salud y educación".

En tanto, el rector indicó que si la Justicia hace lugar a tal planteo, que pretende llegar a todos los ciudadanos de la provincia, "inmediatamente el Ejecutivo y el Legislativo provincial tendrían que dictar una nueva ley que reglamente la autorización de la autonomía: el dictado de las cartas orgánicas, el dictado de las constituciones, y otras cuestiones. Se haría lo que debió hacer desde 1994 hasta acá, según plantea la Constitución". Y agregó: "Desde la semana que viene habrá una página web para que todos los que quieran adherir a la presentación puedan hacerlo; incluso copiarla y presentarla por sí mismos".