El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, denunció ayer que allegados a Delfín Zacarías --detenido por una causa de narcotráfico--, están acosando y presionando al Municipio para poder recuperar las 21 licencias de remís que eran propiedad de Zacarías y su entorno, y que fueron incautadas cuando la Justicia Federal los detuvo y procesó. También denunció que intentaron amedrentar a los profesionales que llevan adelante las acciones legales por parte de la Municipalidad, e incluso querellaron penalmente a la concejala Romina Luciani que actualmente se encuentra de licencia por razones de salud. "Todas estas acciones únicamente pretenden que la Municipalidad deje sin efecto las medidas concretas tomadas respecto de las licencias de remis de las cuales fueran titulares Zacarías y su entorno", señaló Maglia, quien consideró que las presiones obedecen a una "operación política" contra Alejandro Ramos, actual secretario de Transporte de la Nación y precandidato a gobernador santafesino.

El intendente de Granadero Baigorria, acompañado por los concejales Favio Maurelli, Rubén Braga, Mario Rosales, María Tinnirello, Raúl Zavattero, el secretario Parlamentario del Concejo, Guillermo Anunziatta, y el asesor legal del Municipio, Guillermo Vitalli, brindó ayer una conferencia de prensa para denunciar las presiones de los allegados a Zacarías, quienes pretenden recuperar las 21 licencias que fueron dadas de baja.

En septiembre de 2013, en el marco del Operativo Flipper, cuando se allanó una cocina de droga en Funes, fueron detenidos los titulares de la remisería Frecuencia Urbana de Granadero Baigorria, Zacarías y Sandra Marín, junto a un grupo de familiares y allegados. En abril de este año, el Municipio dictó el Decreto N 674 a través del cual se ordenó la caución de las 21 licencias de remis que tenían como titulares a las personas que aún continúan detenidas. Además, se clausuró preventivamente la remisería Frecuencia Urbana. Días más tarde, ex empleados de la remisería exigieron que les restauren las chapas incautadas.

Según Maglia, la gestión municipal está sufriendo una campaña de desprestigio por parte de personas vinculadas a Zacarías. "Queremos marcar que no tenemos nada que ver con el otorgamiento de las licencias con esta gente. Ellos habían adquirido a terceros estas licencias asignadas en otras administraciones. Así y todo, nosotros desconocíamos las actividades de estos muchachos, pero queremos separar todo lo que es gestión de municipio de relaciones con estos personajes", dijo el intendente a Rosario/12.

"Comenzaron a aparecer algunos personeros, pseudo periodistas, porque atrás de todo esto hay un ingrediente político y no queremos que nos involucren, nosotros tenemos que defender a los habitantes de Baigorria --continuó Maglia--. Acá lo que está en juego son 21 licencias por un valor de dos millones de pesos, pero también hay ingredientes extrajudiciales al ser Ramos candidato a gobernador".

El intendente planteó que no se pueden transferir las licencias a los allegados de Zacarías porque están "todos presos e inhibidos y los vehículos tienen orden de secuestro", por lo que la Municipalidad tiene la potestad de derogar los derechos de uso de matrícula. "No hay ninguna posibilidad, por ordenanza municipal, de que una persona inhibida pueda usufructuar una matrícula de remis", apuntó Maglia, quien por otra parte precisó que las presiones y amedrentamientos fueron informados por los abogados del Municipio a la Justicia Federal.