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Cuatro hombres apelaron ayer sus condenas por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante", contra dos nenas de barrio Gráfico, tras la denuncia que hizo el Movimiento Evita, en 2010. En marzo pasado, el padre de las hermanitas de 11 y 12 años recibió la pena de 11 años de cárcel por entregarlas; mientras que el empresario verdulero Antonio Cataldo y dos vecinos fueron condenados a 9 años por los abusos. Ayer, sus defensores plantearon quejas, y reclamaron nulidades de las pruebas, para luego exigir la absolución de sus clientes, quienes se declararon "inocentes". Desde la fiscalía y la querella, representada por Ricardo Lamas, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), pidieron a la Cámara Penal que se confirme la sentencia apelada, y plantearon: "La defensa victimiza a Cataldo intentando tergiversar la realidad. Siempre supo la veracidad de lo que contaron las niñas".

El caso salió a la luz en 2010, cuando las nenas eran maltratadas en la casa donde vivían con su padre, su pareja y otros hermanos. El informe médico y de Cámara Gesell de la causa arrojaron que había signos de sometimiento sexual, confirmados con el relato de las niñas. En aquel tiempo, el Movimiento Evita tenía un centro comunitario en el barrio, donde había llegado el dato de que las nenas eran sometidas. En septiembre de ese año, Alejandra Fedele, referente territorial del Evita, fue a la Justicia y las nenas fueron rescatadas.

Tras la investigación, en marzo, el juez Gustavo Salvador condenó al progenitor, de 54 años, por entregar a sus hijas a otros adultos, quienes las sometían a prácticas sexuales aberrantes, con filmaciones incluidas. La causa expresa que el padre "las maltrataba con palos de madera, trozos de hierro, cintos y cadenas", y las encerraba en el baño, sin comer. Otro de los sentenciados era vecino de la familia, apodado "Paraguayo" y las nenas cruzaban todos los días a su casa para limpiar, lavar y ser sometidas, a cambio de pocos pesos.

La condena alcanzó al comerciante apodado "Tony", de 60 años, por trasladarlas y abusarlas. Cataldo tenía puestos en el mercado de Fisherton, donde trabajaba Alfredo Sánchez, el "Paraguayo". En la investigación, se probó que trasladó a la mayor de las niñas en su 4 x 4 a un departamento de la zona oeste donde la abusó y filmó. También, hizo algo similar con la otra nena.

Ayer, frente a los jueces Otto Crippa García, Georgina Depetris y Carlos Carbone, su abogado, Jorge Bedouret, planteó que el acusado fue "demonizado" por cuestiones políticas, ya que "2011 fue un año electoral y Fedele era candidata a concejal". Agregó que como en los primeros momentos de la investigación "los imputados y las niñas eran sumamente humildes; la única forma de que el caso tomara trascendencia era con el pequeño empresario".

El letrado criticó la cámara Gesell, porque "se adelantó para que la defensa no pudiera tener control de la prueba", y agregó que "no se conformó el equipo interdisciplinario" para hacerla. Por ello, habló de "prueba contaminada" y pidió la nulidad de la misma. Además, se quejó de que la primera revisación médica realizada a las menores arrojó resultado negativo para abuso sexual; mientras que la realizada cuatro meses después, dio positivo. Aunque pidió que en la audiencia se exhibiera el video de la cámara Gesell, la querella se negó y el tribunal no lo permitió.

Los abogados de Víctor Cencha --el padre de las nenas, acusado además de "lesiones dolosas agravadas por el vínculo"--; del Paraguayo, y de Héctor Velázquez (otro vecino), hicieron planteos similares y pidieron absoluciones.

La querella planteó: "Cataldo quiere hacernos creer que no pudo controlarse la prueba porque allí cree encontrar salvamento". Y aclaró que "no existen discrepancias entre los informes médicos", sino que en la primera revisación, las atendió un médico policial varón y las nenas se mostraron reticentes por el "entorno hostil" en el que pretendía hacerse el examen, por lo que "el mismo médico recomendó hacer otro". Lamas preguntó ante el tribunal "Porque las chicas mentirían?". Al igual que la fiscal María Eugenia Iribarren, pidió que se confirme la pena. Aún no hay fecha para la resolución de la Alzada.