Desde Santa Fe

El Ministerio Público apelará el fallo de la Cámara Federal de Rosario que concedió el arresto domiciliario al titular de la empresa Bolsafe Valores, Mario Rossini, preso en una causa que investiga una maniobra en gran escala con bonos en la que ya imputó y pidió la indagatoria de otros 49 operadores financieros, entre ellos dos directivos del Mercado de Valores del Litoral, José María Candioti (ex ministro de Hacienda de Carlos Reutemann) y Pablo Tabares (actual secretario de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe). El recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal será presentado por el fiscal general de Rosario, Claudio Palacín y su colega a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, según adelantó el fiscal federal, Walter Rodríguez. Los fiscales investigan una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa Bolsafe Valores y de la empresa BV Emprendimientos en operaciones que culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos, en 2012.

El juez federal de Santa Fe, Francisco Miño había rechazado la prisión domiciliaria de Rossini, pero la Cámara se la concedió por razones de salud. El fiscal Rodríguez también se había opuesto a la vuelta del imputado a su casa porque -según el informe médico﷓ tenía "una adecuada y permanente atención especializada, que ha sido eficiente hasta el momento, por lo que puede permanecer con dicho tratamiento en su lugar de detención".

Sin embargo, la Cámara revocó la resolución de Miño y benefició a Rossini con el arresto domiciliario. El primer voto del camarista José Toledo tuvo en cuenta dos informes: el de la psicoterapeuta de Rossini, María Susana Saux y el de una Junta Especial de Salud Mental, que entrevistó tres veces al imputado. En esas consultas, Rossini presentó "diversas y reiteradas manifestaciones de angustia y tristeza, que aún a su pesar interrumpían el curso de su relato ante la Junta. Expresó sentimientos de preocupación y temor por las situaciones que vivía en el penal, que registraba como amenazantes para su vida". Y durante la entrevista efectuada en el examen psicológico﷓pericial, tuvo crisis de llanto", señaló Toledo. Sus dos colegas de la Sala B, Elida Vidal y Edgardo Bello, adhirieron a los "fundamentos y conclusiones" del voto.

El doctor Rodríguez se mostró sorprendido por el fallo que concedió la prisión domiciliaria de Rossini y anticipó la decisión del Ministerio Público de recurrir ante la Cámara de Casación Penal, apenas termine la feria de invierno. El fiscal se había opuesto al regreso de Rossini a la casa porque "el informe médico es muy claro, en el penal tenía una adecuada y permanente atención especializada", que no hacía necesario el tratamiento a sus afecciones de salud se tuvieran que realizar fuera del instituto penitenciario", dijo. Rodríguez incluso se reunió con Gonella para definir la estrategia en el caso.

-Representa algún peligro que el contador Rossini esté en prisión domiciliaria y tenga acceso a una computadora con conexión a Internet? -le preguntó un colega de LT10.

-Sí, es un hecho que puede darse. Estaría en condiciones, si accede a un equipo informático, a raíz de los conocimientos en la materia en la que se ha destacado, poder realizar algún tipo de operación. Justamente, nosotros hemos reconocido la ruta del dinero, pero aún no logramos detectar el último tramo. Ese es uno de los aspectos pendientes. Pero no hemos tenido oportunidad de discutir esta cuestión tan importante porque se dio en el marco de una situación en la que se estaba tratando su estado de salud. En cambio, cuando se trató si había riesgos procesales, eso ya ha sido absolutamente zanjado en el pedido de excarcelación que fue rechazado. Entonces, evidentemente existían riesgos y todo el mundo los reconoció, por eso en ese incidente de excarcelación ninguno de los actores ni los operadores judiciales lo han discutido.

-Y cómo se controla la prisión domiciliaria de Rossini?

-El juez Miño, que ordenó la detención, tiene obligaciones y facultades para evaluar este tipo de riesgos sobre los que se me consulta -concluyó el fiscal Rodríguez.