Las cuatro juezas de Menores de Rosario y un juez de San Lorenzo ordenaron a la dirección del Instituto de Rehabilitación de Adolescentes Rosario (IRAR) que traslade a los jóvenes alojados allí a dependencias del Servicio Penitenciario santafesino hasta que la institución penal sea reformada. En concreto, dispusieron el envío a cárceles provinciales de los treinta internos. La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) se opuso a la medida a que calificó de "una verdadera locura". Para la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, es "un retroceso por el principio de especialidad del tratamiento del menor". "De ninguna manera incumpliremos un orden judicial pero trataremos de buscar soluciones y llevar tranquilidad a las familias de los jóvenes alojados y de los trabajadores del Irar", agregó.

Las juezas María Dolores Aguirre Guarrochena, María del Carmen Musa, Carolina Hernández y Gabriela Sansó y Nelso Martín Fogliato, de San Lorenzo, ordenaron a la directora del Irar -la trabajadora social Jimena Staurini- que "de inmediato y en un plazo no mayor a 24 horas efectivice el traslado de los menores que estén a disposición de este juzgado alojados en los pabellones A, B, F y G en coordinación con la Dirección de Justicia Penal Juvenil, a otro centro de detención a puertas cerradas dependiente del Servicio Penitenciario con presencia permanente de personal de Justicia Penal Juvenil en todos los casos y donde se garanticen condiciones de salubridad acordes con su condición de persona, se garantice la integridad física y psíquica de los mismos, contacto con la familia, trato digno, y su alojamiento separado de internos mayores de edad".

"Ello -agrega el fallo- sin perjuicio que deberá asegurarse la continuidad de las actividades de educación, capacitación y recreativas

que viene desarrollando o surjan en un futuro. La medida se ordena por el plazo de un mes prorrogable hasta tanto se verifique la reversión total de las actuales condiciones de alojamiento en el Irar".

La jueza Sansó visitó las instalaciones del instituto junto a profesionales del Gabinete Interdisciplinario de Menores y Asistentes Sociales y secretario de los juzgado del fuero de menores.

Desde la CTC advirtieron que es "una locura meter a los chicos en una cárcel de mayores porque no tiene la infraestructura ni la especificidad para tratar con adolescentes". La abogada Carmen Maidagan opinó que "si el Irar no está en condiciones de alojar a los chicos y siendo la privación de libertad la última y excepcional instancia, se podrían disponer otro tipo de medidas que deberían estar monitoreadas como la libertad asistida o algún sistema de control. Esto debería hacerse antes de decidir llevar a estos chicos a otro lugar como una cárcel que es mucho más riesgoso que el mismo Irar".

Maidagan advirtió que "en el Servicio Penitenciario no hay lugar" y puso como ejemplo que las cárceles de Piñero y Coronda "hay dos presos por celda". "Por eso decimos que no hay manera de pensar que los chicos puedan estar mejor en una unidad penitenciaria", agregó.

En tanto la subsecretaria de Asuntos Penales recibió la medida con sorpresa. "Estuvimos trabajando con la gente dentro de la institución, porque esta noticia no cayo bien en nadie. Vino al Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, que se tomó la tarea de hablar con los chicos, que no habían sido escuchados en todo este proceso. Y así se intentó evitar una cuestión caótica, porque con el correr de las horas todos lo sabrían, incluso sus familias, a quienes también estamos tratando de evitarles angustias".