Familiares de las víctimas de la explosión del edificio de calle Salta 2141 realizaron ayer una manifestación de tres horas, con caminata y escrache, por los pasillos de Tribunales. Tras ser recibidos por el secretario de la Corte Suprema provincial, Ignacio Falconi, exigieron respuestas al camarista Guillermo Llaudet Mazza, quien la semana pasada rechazó su recurso de inconstitucionalidad, que apuntaba a incorporar más imputados a la causa por estrago culposo; y abrió la instancia recursiva para cinco procesados de la empresa Litoral Gas, cuyas acusaciones llegarán a la Corte. Dos pisos más abajo, fueron atendidos por la jueza Patricia Bilotta y la fiscal Graciela Argüelles. "Queremos que un ministro de la Corte nos atienda para que nos dé las explicaciones y fundamentos del juez Llaudet, porque no lo entendemos", reclamó Eleonora López, hermana del fallecido Carlos López; quien se quejó: "Si no pueden hacer justicia porque la ley no los acompaña, que dejen de cobrar los sueltos, porque acá hay que hacer justicia. Se les terminó la impunidad. Vamos a venir todas las veces que sean necesarias, hasta que haya presos".

"Oh que se vayan todos, que no quede ni uno solo", cantaban en los pasillos del tercer y primer piso, mientras levantaban las fotos de sus deudos, en una recorrida de protesta para que se esclarezcan las muertes de 22 personas del 6 de agosto de 2013, en la que fueron seguidos de cerca por personal policial. "Aplausos, bravo por Llaudet. Seguí haciendo justicia", le gritaron en la mesa de entradas a la Sala III, que integra el magistrado. Ahí mismo nombraron a cada una las víctimas, seguidos por el grito de "presente".

Tanto Claudia Vaio, la madre de Santiago Laguía, como Eleonora y Marcela, la esposa de Hugo Montefusco, se expresaron con indignación. "Nos dicen que nos entienden y la promesa es que nos darán una audiencia con el ministro Daniel Erbetta", dijo Marcela, quien agregó: "Me parece que la decisión de Llaudet no es solo suya, sino que hay alguien que lo está apoyando. Lo único que estamos pidiendo es que se siga investigando, que se imparta justicia y no quede afuera ningún responsable de este asesinato social, que está premeditado porque no se hizo nada para evitarlo", lanzó la mujer.

"Aquí se perdieron pruebas en estos 13 meses, hay muchos errores, que si son involuntarios, deberán pagar los que deben impartir justicia. Nos juntamos con otras víctimas --temprano estuvo el padre de Mariano Bertini, asesinado en una salidera en Lima y Córdoba, semanas atrás--, porque todos estamos pasando por lo mismo. Los jueces dicen que no tienen las herramientas necesarias", se quejaron Marcela y Claudia.

Las mujeres agregaron que aún están "esperando una audiencia con el gobernador (Antonio Bonfatti), que se prometió en mayo". De todos modos, reconocieron que les prestaron un local para reunirse. "Se manifiestan dolidos por lo que dijimos en el acto de aniversario", dijo Vaio.

Las quejas no dejaron de lado a Litoral Gas. "No puede ser que esta empresa no esté intervenida por pedido de la provincia. No tenemos respuestas; se nos ríen".

El recurso al que hizo lugar Llaudet, días atrás, fue interpuesto por el jefe de inspectores de la empresa, Claudio Tonucci, la gerenta técnica Viviana Leegstra y los inspectores Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller. En la causa también está procesado el gasista Carlos García, su ayudante Pablo Miño, y tres administradores del consorcio Calvillo Propiedades.