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Miércoles, 8 de octubre de 2014

CIUDAD › TRIBUNAL DE CUENTAS OBSERVó LA ADQUISICIóN DE COLCHONES Y FRAZADAS

Compras que al final no eran urgentes

Ahora deberá verificarse si se pagó el precio de mercado por los productos adquiridos, ya que no hay urgencia comprobada, según el organismo de contralor. La empresa beneficiada tiene entre sus socios a la hermana de un funcionario.

El Tribunal de Cuentas de la provincia observó las compras sin licitación de 1.000 colchones y 3.000 frazadas a la empresa Compañía Jurídica SRL, que tiene entre sus propietarios a la hermana del secretario Legal y Técnico, Diego Emilio Echen, por no acreditarse "urgencia" en dichas operaciones. En consecuencia, ahora deberá verificarse si se pagó el precio de mercado por los productos adquiridos, ya que no hubo urgencia comprobada.

Los vocales del órgano de control lo decidieron por unanimidad, incluso aquellos vinculados al Frente Progresista, como el ex síndico general de la intendencia de Mario Barletta, Germán Huber.

En los considerandos de la resolución, que ya está en mano de los legisladores provinciales, se advierte que "tanto los antecedentes como la documentación aportados no resultan suficientes para acreditar la urgencia invocada en la presente gestión".

Este elemento, vital para las compras directas, había sido utilizado por el ministerio de Desarrollo Social en agosto pasado bajo el argumento de "situación de vulnerabilidad" de la población ante las "copiosas precipitaciones", cuando sin embargo las últimas lluvias intensas en la provincia habían sido en abril.

No obstante el tribunal obvió varios otros puntos de las adquisiciones. Por ejemplo, el hecho de comprar colchones en una operatoria y por el otro frazadas con el evidente objetivo de esquivar una licitación pública, que sería inevitable ante el monto que se alcanzaría al realizar las dos operaciones en una. O la curiosa decisión de convocar sólo a firmas intermediarias y no a fabricantes de los productos requeridos.

En consecuencia, ahora deberá verificarse si se pagó el precio de mercado por los productos adquiridos, ya que no hay urgencia comprobada. Y si no fue así, el monto abonado deberá ser corregido. Asimismo, queda comprobar si hubo dolo en el procedimiento.

Hay sin embargo otro aspecto llamativo: si la factura presentada por la empresa lleva el nombre de Compañía Jurídica SRL. Es que en el medio de la compra, la firma modificó su denominación, para pasar a llamarse Compañía Comercial Mayorista SA. Y también cambió su dirección. Tal vez sus propietarios evaluaron que no sería conveniente comercializar colchones y frazadas con el Estado bajo el título de "Jurídica" y con el domicilio del estudio de abogados del alto funcionario gubernamental: Zeballos 2378 de Rosario, a nombre de Carolina Echen. Es que el 30 de julio el domicilio cambió a Avenida Arturo Illia 1515 bis de Funes, unidad 406, según el Boletín Oficial.

Tal como reflejara la investigación periodística de Maximiliano Ahumada y Gustavo Castro, que ameritó un pedido de informes del diputado Eduardo Toniolli, estas dos compras ahora observadas por el Tribunal de Cuentas no fueron las únicas del ministerio de Desarrollo Social a la empresa relacionada familiarmente con Echen.

La preparación en esa cartera de la respuesta al pedido de informes del diputado del Movimiento Evita logró darle precisión al dato. En efecto, fueron siete contratos sin licitación, todos por "urgencia" y "emergencia", por un total de $ 1.409.318. Según los registros del Sistema Provincial de Administración Financiera, el detalle de los pagos por fecha y monto es el siguiente: 7 de octubre de 2013: $ 212.532; 17 de enero de 2014: $ 199.000; 11 de abril de 2014: $ 68.655; 23 de abril de 2014: $ 186.562,50; 21 de julio de 2014: $ 249.048,50; 29 de agosto de 2014: $ 245.765; 10 de septiembre de 2014: $ 247.755.

Un dato no menor: Compañía Jurídica SRL, una empresa que se constituyó a fines de 2012, obtuvo el alta en 16 rubros de la AFIP en 2013 y al poco tiempo, en menos de un año, hizo negocios con el Estado provincial por casi un millón y medio de pesos, según otra investigación periodística, en este caso del colega Nicolás Lovaisa.

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La ministra Bifarello, a cargo de Desarrollo Social, ordenó las compras directas.
 
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