A un año del ataque a balazos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el mandatario recibió el pliego con las preguntas para su declaración testimonial, y una vez que lo entregue al juzgado de Instrucción 5º, a cargo la jueza Alejandra Rodenas, la causa comenzará a resolverse. En el expediente hay dos personas detenidas -entre ellas un ex policía de la seccional 10º, en jurisdicción de la casa del gobernador- y otras tres imputadas, en estado de libertad, pero ligadas a la causa. Las defensas de los acusados aseguran que sus clientes no tienen nada que ver con el hecho. Un repaso acerca de cómo se desarrolló la investigación antes y después de febrero pasado, cuando Rodenas tomó el juzgado que tenía a cargo la ex magistrada María Luisa Pérez Vara, y qué queda por hacer.

La noche del viernes 11 de octubre de 2013 difícilmente sea olvidada por el gobernador, su entorno familiar, los miembros de su gabinete, y por los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Cuatro hombres en dos motos descerrajaron 14 disparos que impactaron sobre la vivienda de Darragueira y Gallo, mientras Bonfatti y su esposa Silvia Tróccoli, estaban adentro. Enseguida llegaron al lugar los ministros y la intendenta Mónica Fein; además de vecinos que se acercaron a brindarle su apoyo.

La balacera impactó en el arco político santafesino y nacional, situación que generó que al día siguiente oficialismo y oposición salieran a repudiar juntos el ataque. Por aquellos días se repetía que el atentado constituyó un hecho sin precedentes desde la recuperación de la democracia.

En los meses que el expediente estuvo a cargo de la ex jueza Pérez Vara, el gobernador se presentó como querellante. Además, fueron detenidos Lucas Sandoval, de 22 años, Manuel Martínez, Germán "Papaino" Ramírez y Saúl Sánchez. Poco después, Sandoval fue liberado por falta de pruebas; mientras que la Justicia imputó a los otros tres por el hecho y también por amenazas y abuso de armas. Martínez fue vinculado entonces con la barrabrava de Newell's, y Ramírez, fue sindicado primo de Juan Domingo Ramírez, vinculado a la banda de Los Monos, que estuvo prófugo hasta hace unos meses, y su fuga en enero generó un escándalo en la ex División Judiciales. A Papaino se le secuestró un arma 9 milímetros, pero arrojó resultados negativos con las vainas halladas en casa del gobernador. Sánchez fue acusado por un testigo. Los tres detenidos negaron su participación en el atentado. Luego quedaron en libertad, aunque ligados a la causa.

En tanto, los primeros días de noviembre de 2013 fue arrestado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, hermano de Lucas. El joven, mencionado desde el inicio en la causa, agredió a un grupo de adolescentes en el shopping Portal de Rosario, quienes alertaron al 911. Cuando llegó la policía, Sandoval se resistió pero fue arrestado. En su declaración argumentó que tanto él como su familia son sujetos de persecución por parte de la seccional 10º. En diálogo con este diario, su abogado, Marcos Cella, aclaró que tanto Lucas como Emanuel fueron imputados por cinco o seis delitos cada uno, pero "en todos los casos les dieron falta de mérito".

Por aquellos días, había salido a la luz que la otra arma utilizada en el hecho (una pistola calibre 9 milímetros) había sido usada también en la balacera al frente de la casa del ex titular de Drogas de la Policía, Alejandro Franganillo; y en un homicidio de octubre.

En diciembre, cuando ya había anónimos que apuntaban a la policía -y hasta se hicieron allanamientos en la comisaría 10º, donde el jefe era Ronald Cuñé-, fue arrestado Pablo Espíndola, un policía de 29 años a quien le encontraron un arma 11.25, vinculada con el ataque a la casa del gobernador. Su abogado, José Nanni aseguró que "no hay nada que vincule" a su cliente con el hecho, "excepto que se le secuestró un arma similar".

Tanto Nanni como Cella presentaron preguntas en el juzgado para que sean enviadas al gobernador junto con las alrededor de 18 que presentó la fiscalía compuesta por Enrique Paz y Cristina Herrera. En ese sentido, fuentes del juzgado indicaron que la semana pasada se le entregó el pliego al gobernador, y que se esperan las respuestas.

Desde mediados de este año, la jueza Rodenas pidió la testimonial de Tróccoli y Bonfatti, quien está amparado en el artículo del Código Procesal Penal santafesino, que habla de una prerrogativa al mandatario y ministros de declarar por escrito mediante oficio. Pero la demora se debió a que las defensas se negaban a esa modalidad, y presentaron recursos que luego fueron rechazados.

La fiscalía espera algunas pruebas ampliatorias que podrían llegar en los próximos días. Entonces, el expediente entrará en etapa de resolución, lo que podría llevar alrededor de un mes.