La jueza Alejandra Rodenas procesó ayer a Emanuel Sandoval y a Pablo Espíndola, un suboficial de la policía provincial, por el ataque a balazos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti que se produjo el 11 de octubre de 2013. Sandoval, conocido como Ema Pimpi, fue procesado por "el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño", mientras que los cargos contra el efectivo policial son "presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor". En tanto se dictó la falta de mérito para Saúl Sánchez, Germán Ramírez y Manuel Martínez, quienes habían estado detenidos en un principio de la investigación.

Para culpar a Ema Pimpi, Rodenas consideró el informe de inteligencia elaborado por las TOE, que señala que "los autores de los disparos sería un grupo de personas que responderían al Ema Pimpi como cabeza de la banda". Y varios testimonios, como uno de identidad reservada quien afirmó que "los disparos contra la casa del gobernador, lo ejecutó la banda a que le dicen Los Pimpi de Zona Norte, entre los que está el Ema y Lucas Sandoval (que no figura en el expediente) que son hermanos". Para certificar su afirmación el testigo cita un llamado telefónico que le hicieran dos o tres días antes: "Viste la que se mandó el Lucas"; y allí le refirió su interlocutor que Lucas le había pagado "a la banda esa para hacer lo que hicieron". "Se lo hicieron al gobernador porque lo ven como quien es el que está haciendo todo esto contra ellos", agregó la misma fuente.

De igual manera pesó la declaración testimonial de Jesús Alberto Rodríguez quien relata que un pariente le contó que entre los dos hermanos tirotearon la casa del gobernador.

Otro testigo, Graciela Pacheco, les atribuye la autoría de la agresión al expresar que "una persona mayor de edad a la que apodan 'Tata' mandó a la gente porque no puede seguir vendiendo drogas tranquila en la zona norte, encargándole el atentado, entre otros, a Ema Pimpi Sandoval".

En el mismo sentido se orienta la llamada de una persona no identificado a la Central de Emergencia 911 (recibida el 19 de octubre de 2013 a las 23.22) alertando que la banda de los Pimpi habría disparado contra la casa de Bonfatti, reclamando el llamante "metan preso al Ema" y previniendo que si el grupo no es detenido, habrá de seguir matando personas o arrojará una granada a la casa del gobernador. Para procesar a Espíndola, Rodenas tuvo en cuenta la pericial balística que determinó que una de las armas disparadas era la que portaba en su automóvil este policía casi dos meses después del hecho. "Los elementos de convicción no resultan suficientes para concluir en adjudicar la planificación y ejecución del atentado por parte de Espíndola. Pero la íntima relación del mismo con el grupo de Sandoval y la actividad ilícita que desenvolvía desemboca inequívocamente en su responsabilidad como encubridor del suceso", dice el fallo. También pesó en su contra "la comunicación telefónica con un adquirente ilegal del arma apodado Pipo donde el imputado reconoce que tiene un arma calibre 45 para vender a cuatro mil pesos, manifestándole: 'No te colgués, mirá que es un fierro caliente". Para la jueza es un indicio conclusivo sobre el punto.

Rodenas también interpretó que "el hallazgo del arma en el automóvil Ford Fiesta depositado en la comisaría 10ª fue el resultado de la maniobra efectuada por el policía Espíndola para aprovechar la coyuntura y atacar al titular de la seccional 10º, Ronald Cuñé, que venía obstaculizando el negocio sobre estupefacientes. La estrategia de amedrentamiento ya se había avizorado en los incendios de los frentes de casas de la zona e intentaba coronarse logrando el desplazamiento del jefe policial para eludir sus condicionamientos".

Rodenas también ordenó que las escuchas telefónicas entre dos presos -el ex policía Germán Almirón y Aron Treves- sean giradas al justicia federal, dado que señalan "una posible contribución económica de algunos cabecillas de organizaciones narcocriminales a la campaña del gobernador en las últimas elecciones".