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La Cámara Penal en feria admitió el recurso de apelación presentado por el fiscal Enrique Paz, quien busca que vuelvan a prisión efectiva los dos acusados por el atentado a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, que están con arresto domiciliario desde diciembre. La decisión de ir a audiencia oral para revisar la resolución que tomó a fines de 2014 la jueza Alejandra Rodenas -de conceder arrestos domiciliarios a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval y el policía Pablo Espíndola- fue criticada por los abogados de los dos procesados en el hecho del 11 de octubre de 2013, cuando fue baleado el frente de la casa del mandatario provincial. Al mismo tiempo, presentaron recursos de queja y pidieron la revocatoria de la admisión del juez Alfredo Ivaldi Artacho. Además, uno de los letrados recusó al juez. En tanto, el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, pidió que se ponga fecha para la audiencia durante los días que quedan de enero.

Tras la apelación del fiscal Paz, durante los últimos días de diciembre pasado, éste pidió habilitación de feria para tratar el tema en la Alzada, en enero. Así, el planteo llegó a la Oficina de Gestión de 2º Instancia, luego de que el juez que estuvo hasta el 15 de enero de turno, Luis María Caterina, rechazara un planteo de revocatoria y nulidad que habían presentado los abogados, porque consideraron que una apelación del fiscal "no es compatible" con la ley 13.004, que rige el nuevo sistema penal.

Anteayer, el juez Ivaldi Artacho admitió el recurso de apelación solicitado por Paz. "Vamos a una audiencia donde la decisión ya está tomada. Se forzó la ley para satisfacer intereses políticos", protestó José Nanni, defensor de Espíndola. Y agregó: "Sorprende que la preocupación de la fiscalía se muestre ahora, y sorprende la pleitesía del poder Judicial con el Ejecutivo, sin aplicar la ley".

Por su parte, el abogado Marcos Cella (foto), quien recusó al juez que admitió el recurso de apelación porque considera que "está adelantando opinión, ya que el planteo del fiscal está motivado en un temor de fuga"; exigió que se revoque la determinación de ir a audiencia para revisar las prisiones domiciliarias. Cella arguyó que "es un decreto dictado sin sustanciación" y que "se están violando varios principios". El letrado señaló que "el fiscal del caso (Paz) no está habilitado por el Código Procesal Penal de la provincia ni por las leyes que rigen el proceso penal santafesino a los efectos de apelar una resolución morigeratoria (de prisión) sobre mi defendido". Para el abogado, la resolución de otorgarle domiciliaria a los imputados "no es una sentencia definitiva; y jamás puede considerarse gravamen irreparable para la fiscalía una resolución" como la de Rodenas. Además, habló de "abundancia de orfandad probatoria" en la acusación a Sandoval.

Antes de ser beneficiados con las prisiones domiciliarias, el 19 de diciembre pasado, los acusados fueron procesados por el ataque a balazos en la vivienda de Gallo y Darragueira. En el caso de Sandoval, está acusado de amenazas calificadas, abuso de armas y daño calificado. Mientras que el policía Espíndola (que prestaba servicio en la seccional 10º, con jurisdicción en la casa del gobernador) está imputado por el delito de encubrimiento.

En su momento, Nanni preguntó "cuántos casos de domiciliaria fueron apelados por la fiscalía; cuando se concedieron por casos como robos calificados, tentativas de homicidios y otros". Y consideró que la acusación por la que irá a juicio su cliente es "endeble".

Ahora, la Alzada deberá resolver los nuevos planteos de revocatoria de los defensores. Mientras que desde la Fiscalía de Cámaras, adelantaron que se presentó un aviso de "renuncia" a los diez días de plazo que se otorgan tras la admisión de un recurso, para que la audiencia se fije durante la feria judicial.