La familia de Jonatan Herrera, el muchacho que fue asesinado al ser baleado por personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) mientras lavaba su auto en barrio Tablada, busca ser querellante en la causa contra los uniformados. María Elena Herrera, madre de la víctima, pretende que los acusados de haber disparado contra su hijo sigan presos y sean condenados por el hecho. La tarde del 4 de enero pasado, los cuatro policías imputados de la PAT se sumaron a una persecución policial del Comando Radioeléctrico hacia un joven que robó una juguetería, pero atacaron al blanco equivocado. Jonatan recibió tres disparos, de los cuales dos fueron mortales. Las pericias balísticas apuntan a las armas de los agentes que ingresaron a la fuerza en diciembre de 2014, para formar parte de la nueva división policial. Los abogados de la familia coinciden con el fiscal Adrián Spelta acerca de que el homicidio fue "doloso".

Luego de que a mediados de enero cuatro uniformados de entre 20 y 25 años fueran detenidos por el crimen del joven, su familia busca ir "hasta el final" con las acusaciones para que se logren condenas en la Justicia.

Frente a ello, ayer presentaron un pedido formal de constitución de querellantes, por lo que en pocos días serán citados a una audiencia oral y pública donde un juez deberá avalar la solicitud. Los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman esperan analizar el legajo judicial y una la fecha de audiencia para formalizar su representación. "Sin lugar a dudas esto es un homicidio doloso", señalaron los letrados.

En tanto, esta nueva presentación en el marco de la causa, correría la fecha de la audiencia de apelación, solicitada por la defensa de los policías, la semana pasada. Al mismo tiempo, de ser aceptada la querella, los abogados esperan poder participar de la apelación, ya que al parecer, no solo se pedirá revisar las prisiones preventivas sin plazo, dictadas por el juez Gonzalo López Quintana, sino también la calificación legal del hecho. La defensa apunta a que fue un hecho culposo.

En la imputación del martes 13 de enero, el fiscal Adrián Spelta acusó a uno de los agentes de haber disparado al menos uno de los proyectiles mortales; y a los otros tres, les achacó el delito de tentativa de homicidio. En tanto, el abogado Díaz Duarte -que defiende a tres de los cuatro acusados- apuntó a la "exigua" formación de los agentes y fue más allá al reclamar que "en el banquillo de los acusados tendrían que estar algunos funcionarios" del gobierno provincial. Para graficar esa cuestión, dijo que uno de sus clientes sufre de miopía, pero de todos modos lo pusieron en funciones.

Aquella tarde, cuatro agentes de la PAT bajaron de un colectivo de la línea 133 para apoyar el operativo de Comando, pero hirieron al joven que lavaba su auto en Pasaje Villar y Ayacucho. Dos de los impactos fueron mortales: uno que le rozó la cabeza y le fracturó los huesos del cráneo, y otro que ingresó por un muslo y se alojó en la cadera. El restante impactó en un pie. Las pericias dieron cuenta de que la bala que se pudo extraer (la de la cadera) corresponde al arma reglamentaria del agente Ramiro R. de 25 años, acusado del homicidio. En tanto, Francisco R., Luis S. y Alejandro G., fueron imputados por el delito de

tentativa de homicidio.

La víctima tenía 23 años y un bebé de un mes y medio. Hacía pocas semanas había empezado a trabajar como repositor en la tienda Falabella. Su familia -Jonatan tenía 9 hermanos- se manifestó "devastada", tras el hecho y reclaman justicia. "No estaba en el lugar incorrecto, ni a la hora equivocada. Estaba en su casa, lavando su auto", se quejó una se de sus hermanas.