Tanto el gobierno nacional como el provincial y la Legislatura le dieron su apoyo enfático al proyecto de expropiación de la Quinta de Funes, el ex centro clandestino de detención que funcionara en Ruta 9 y San José durante la última dictadura militar. La coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said reveló, que "este tipo de iniciativas merecen todo el acompañamiento", mientras que el subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Ramón Verón, consideró como "muy conveniente" que surjan planes "para recuperar espacios de la memoria". En tanto, el diputado Eduardo Toniolli adelantó que "obviamente" lo va a tomar una vez que ingrese a la Cámara Baja para alcanzar luego "la adhesión de los distintos bloques".

El proyecto fue presentado hace unos días en el recinto funense por el edil Mauro Miguez, ex Frente Para la Victoria y actualmente líder del partido distrital Unidad Popular. Con el objetivo de extender "el proceso de recuperación de su memoria histórica" que atraviesa la localidad, el concejal impulsa que se declare de Interés Público Municipal la expropiación del inmueble para reconvertirlo en un Espacio de Memoria Histórica y a la proyección e instalación de una escuela pública denominado "Ana María Gurmendi", en honor a la única desaparecida funense.

Como el Concejo se encuentra de receso, comenzará a ser analizado y tratado una vez que empiece el período ordinario, el martes 3 de marzo. Por el momento, el partido local inició una campaña de firmas para avalar la iniciativa. Una vez que se sancione, será derivado a la Legislatura provincial, quien se encarga en casos similares a este de determinar la expropiación e indemnización a los actuales propietarios. En el caso de que los diputados y senadores avalen el proyecto, luego el gobierno provincial deberá dotar de todos los elementos del Estado para plasmar el cambio. Un proceso semejante se dio a fines del año pasado con La Calamita, el ex centro clandestino de detención ubicado en Granadero Baigorria.

En diálogo con Rosario/12, Said defendió el proyecto en el marco de las "políticas en ampliación de derechos y educación" que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tienen "siempre relevancia en el conjunto de la sociedad". La funcionaria que se desempeña en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacó que Rosario y la región son un "emblema" a raíz de la "lucha social que viene de los años '60", gestas por la cuales la ciudad "ha sido muy destacada" y acuñó "movimientos sociales que han tenido mucha relevancia en el país".

La coordinadora nacional eligió ser prudente ante la posibilidad de que la finca se reconvierta en una escuela. En ese sentido, señaló que "no está mal" la idea, pero primero quiere ver "claramente cómo es el proyecto". "No sé si en el lugar donde se torturó puede...no sé, tenemos que ver cómo es el plan de preservación, de conservación, en dónde se va a establecer la escuela. La Quinta fue un lugar de reclusión transitoria, no fue un centro clandestino de detención y exterminio en el cual se ha hecho una política de represión, no es La Calamita, tiene otras características", apuntó Said.

En tanto, Toniolli adhirió al proyecto y estimó que al menos en Diputados no se encontrará con mayores trabas para avanzar. En el Senado la cosa cambia, porque como ocurrió con la expropiación de La Calamita, allí aparecerán seguramente las resistencias. "Queremos avanzar con este y otros centros clandestinos. Hay que preservarlos y convertirlos en un espacio de memoria, no necesariamente tiene que ser un museo, un lugar de esas características, sino que puede ser utilizado con fines sociales, con alguna utilidad para la comunidad", señaló el legislador del Movimiento Evita, a quien lo une una historia singular con el predio, ya que allí fue alojado su padre Eduardo, militante peronista y montonero, secuestrado, torturado y desaparecido.

Toniolli es partidario de que el proyecto sea trabajado "en conjunto", con todos los bloques legislativos alcanzando un compromiso asumido "por el conjunto del cuerpo". El "único" problema que puede surgir es con los "tiempos legislativos", ya que en un año electoral como el 2015 el ritmo de sesiones quizás merme y dificulte el avance.

Verón, por su parte, apuntó que "es política de Estado la recuperación de estos espacios donde reinó la muerte en la dictadura del '76 y hoy lo abrimos a la sociedad como lugares de vida. Los vecinos de Funes y toda la ciudadanía merece saber que pasó allí por eso es meritoria la iniciativa presentada en el Concejo y también entender por qué peleaban los compañeros chupados y porque fueron torturados y asesinados", razonó el funcionario provincial".

Al igual que el diputado, el funcionario bregó porque todos los lugares, dentro del territorio provincial, donde funcionó un centro clandestino de detención sean recuperados y señalizados.