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La Justicia confirmó que la denuncia de diputados del Movimiento Evita sobre "irregularidades e intromisión" de dos funcionarios provinciales en la inspección de la computadora portátil del asesinado Luis Medina, debe ser investigada por el nuevo sistema penal. La audiencia se realizó a pedido del fiscal Adrián Mc Comarck, quien insiste con su incompetencia en el expediente, y habló de una denuncia del diputado Héctor Acuña, previa a la que hicieron Eduardo Toniolli, Mariana Robustelli y Gerardo Rico (y en el marco del sistema de conclusión de causas), de la que "no se tomó conocimiento" sino hasta que les fuera girado todo el expediente del doble homicidio, en noviembre pasado. Toniolli se quejó de que la denuncia ya tiene más de un año y "sólo hubo trámites burocráticos que ponen en situación de espera la cuestión de fondo". Fernando Rosúa, abogado de la querella, estimó que "ya se debería avanzar en las citaciones" a los funcionarios denunciados.

Medina y su novia, Justina Pérez Castelli, fueron asesinados la madrugada del 29 de diciembre de 2013 en Ayolas y Circunvalación, mientras viajaban en auto al hotel Pullman, donde estaban hospedados. Tras el hecho, la policía secuestró una Mac Ultrabook, de la habitación. De allí fue trasladada a la sección Pericias Informáticas de la policía. Sin embargo, los peritos no lograban desbloquear la máquina para iniciar la pericia; y según consta en un acta labrada la noche del 29 de diciembre, intervinieron el secretario de Tecnología de la provincia, Javier Echaniz, y el subsecretario del área Martín Degrati, del Ministerio de Gobierno. Al enterarse de tal situación, la jueza Alejandra Rodenas, que ya había tomado intervención en la causa ante la ausencia de María Luisa Pérez Vara, ordenó la interrupción de la pericia. Esos hechos generaron la denuncia penal contra los funcionarios al entender "irregularidades manifiestas en el procedimiento" por presunta manipulación de la máquina.

Tras las exposiciones de las partes, el juez Juan Carlos Curto rechazó el planteo de la fiscalía, por entender que a un año de que la causa está en el nuevo sistema sería un "despropósito" que otro fiscal arranque de cero con la investigación. "El sistema conclusional está en agonía, mientras que el nuevo se dota de recursos", justificó. Si bien el fiscal quiso hacer una revocatoria para que el planteo vaya a la cámara, el juez no lo admitió. Además, recordó que el mismo planteo ya fue resuelto por la Cámara Penal el año pasado, cuando se dio el mismo conflicto. En aquel entonces, Rodenas (que investiga el doble homicidio) remitió esa denuncia a la órbita del nuevo sistema penal y hubo varios intentos de que se quede en el llamado viejo sistema.

"Este proceso consistió en cuestiones judiciales burocráticas y administrativas. Ahora creemos que no queda argumento formal para demorar más la investigación", reclamó Toniolli, al término de la audiencia.

Rosúa, en tanto, consideró que "ya es tiempo de llamar a audiencia imputativa, por lo menos a dos funcionarios del gobierno acusados". Al mismo tiempo, el otro abogado querellante, Rubén Chiavazza agregó que "es el quinto planteo procesal que nos impidió avanzar, y es la quinta vez que lo sacamos favorable", dijo.