"Hay espacios que hablan por sí mismos", destacó ayer la abogada Gabriela Durruty, quien representa, junto Jésica Pellegrini, a la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil -intervenida y saqueada durante la dictadura militar hace 38 años- en la causa por su "genocidio cultural". Con esas palabras, la letrada dio cuenta de la importancia del pedido que presentaron ayer ante el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Gonzalo Stara, para que se realice una inspección judicial en el edificio de Gaboto 450, donde incluso, los miembros de la comisión de aquella época creen que pudo haber personas detenidas.

"La idea es que sea recorrida por el fiscal instructor y el juez, porque muchas veces el relato de un testigo sin la inspección no son lo mismo; lo importante es que se tome contacto con espacios que están en muchos casos iguales que como los dejaron en aquellos años. Es un edificio muy grande con dos subsuelos y materiales que aún están allí. La importancia de este tipo de juicios implica medidas más que excepcionales: hay que ensuciarse los pies y tomar contacto con el espacio", resumió la abogada que también representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la querella.

Antonia "Checha" Frutos, histórica de Vigil, planteó que les interesa "que la Justicia vea el estado del edificio al que durante 40 años no se le hizo ningún mantenimiento. Me interesa que se revisen los subsuelos, tanto por los temas edilicios, como porque suponemos que ha sido un lugar de detención. Que fue centro de operaciones no me cabe duda, incluso en el subsuelo hay un auto del represor fallecido Aguilera, hay rastros y cosas extrañas", dijo.

De todos modos, Durruty fue cauta al respecto: "En ese sentido no tenemos ningún testimonio. De lo que estamos seguros es de que fue indudablemente un lugar de depósito del producto del saqueo paralelo a los delitos contra la vida. Nosotros hablamos en base a las pruebas y esto es una apreciación que hacen los directivos de Vigil que si nosotros podemos sostenerla en prueba, será un planteo judicial, por lo pronto son fundadas sospechas. Ayer Celina (Duri, presidenta de la Comisión Directiva) lo decía mientras nosotros recorríamos el lugar: literalmente, te traga la tierra. Y creemos que es un espacio que garantizaba una impunidad que era necesaria, pero no tenemos ningún elemento".

Augusto Duri, también miembro de la entonces comisión directiva y uno de los que fue secuestrado en su momento, señaló que "la biblioteca entregó una cantidad de patrimonio muy importante, y ahora el esfuerzo de los nuevos dirigentes está circunscripto a rehacer todas las cosas que están destrozadas. Será una tarea ardua que vamos a acompañar, porque el mayor daño fue querer hacer desaparecer la institución".

Al mismo tiempo, el secretario de la actual comisión directiva, Gabriel Caciorgna, consideró que "un contacto con el inmueble es la medida fundamental". Por eso, el fiscal Stara recibió la solicitud en su despacho del tercer piso de Tribunales Federales.