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Organizaciones sociales, convocadas por la Multisectorial Rosario, marcharon ayer desde Tribunales hasta la sede de Gobernación para reclamar el esclarecimiento del crimen de Cristian Aquino, el militante social de 37 años asesinado hace una semana en villa La Lata. El hecho sembró dudas entre sus compañeros de militancia, que ayer reclamaron que se investigue el caso teniendo en cuenta su trabajo como dirigente social en temas de vivienda y trabajo. Aseguraron que en muchos de los conflictos que participó recibió amenazas. En la causa hay una persona de 19 años imputada por el hecho, y un menor involucrado.

La militancia de Aquino comenzó con la lucha de los trabajadores del lavadero Virasoro, diez años atrás, cuando fue despedido junto a medio centenar de trabajadores. La lucha de seis meses cobró fuerza y terminó en una cooperativa de la que también formó parte. De aquel momento a esta parte, venía participando de varios reclamos sociales: el de Ituzaingó 60 bis, que surgió con la orden de desalojo en un predio ubicado en barrio República de la Sexta que años después --con la ayuda de las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-- logró una resolución favorable para los vecinos, que consiguieron viviendas en la zona sudoeste. También acompañó el reclamo de viviendas de Fuerte Apache y el piquete que mantuvieron en San Lorenzo y Sarmiento vecinos de Roullión y Doctor Riva en reclamo de viviendas. Esa movida generó ocho detenciones y denuncias por "represión policial", como recordó ayer uno de los compañeros de Aquino.

Guillermo Píccolo, uno de los militantes que se manifestó en el pedido de justicia, señaló que Aquino ya no vivía en La Lata, porque se había separado de su primera esposa; aunque se había criado en el barrio donde iba a ver a sus hijos adolescentes. Además, su actual pareja está esperando un bebé.

El 2 de abril pasado, en horas de la noche, recibió dos tiros por la espalda en Gaboto al 1500, que terminaron con su vida en pocos minutos. Su muerte "quiso hacerse pasar por una simple riña barrial, nos resulta más que dudosa", dijeron los manifestantes ayer. "No tenía bronca ni enemistad con nadie, no formaba parte de ninguna banda, no tenía actividad delictiva de ningún tipo, tan solo era un irreverente militante social por las causas justas de los de abajo, que se enfrentaba al poder político empresarial, siempre con mucha fuerza y decisión", destacaron.

El hecho es investigado por el fiscal Florentino Malaponte. A poco del suceso, la Policía de Investigaciones detuvo Luciano P., de 16 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores, y Flavio L., de 19 y apodado Pela, quien fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y participación de un menor de edad, y quedó detenido con prisión preventiva sin plazo.

"Basta de muertes violentas que se cobran la vida de personas de los sectores del pueblo más humildes y postergados, y en especial la de militantes sociales y políticos", expresaron los militantes.