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Casi cuatro horas se extendió ayer a la mañana la inspección judicial en el edificio de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, en el marco de la causa que investiga genocidio cultural tras la intervención del 25 de febrero de 1977. El edificio recuperado por la Biblioteca hace casi dos años fue recorrido por orden del titular de la Oficina Fiscal de Derechos Humanos, Gonzalo Stara. Participaron la actual presidenta de la institución, Celina Duri, el secretario Gabriel Carciogna e históricos dirigentes de la biblioteca popular como Augusto Duri y Antonia Checha Frutos.

"Durante casi cuatro horas se recorrió gran parte de las instalaciones y numerosos testigos, entre los que se encontraban ex alumnos, ex docentes y empleados de la institución y la investigadora Natalia García condujeron a los magistrados por los diferentes lugares donde pudieron testimoniar que ocurrieron parte de los hechos investigados, como el robo y destrucción de libros de gran valía, el robo de obras de arte y la venta ilegal de los mismos", relató la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Gabriela Durruty, que participó junto a las dirigentes del organismo Florencia del Negro y Norma Ríos. APDH es querellante en la causa, igual que las autoridades desplazadas por la intervención que encabezó el represor Ramón Telmo Alcides Ibarra. "También se inspeccionó el observatorio astronómico, famoso por poseer en su momento un lente de gran precisión, único en Latinoamérica, que fue también robado", describió la abogada.

"Hubo momentos muy fuertes, los sobrevivientes de aquella historia aportaron todo cuanto pudieron, asistidos por miembros del programa provincial de protección de testigos", dijo Durruty.

"Entiendo que la inspección permitió establecer larga y detalladamente la ferocidad con que la intervención se apropió de lo que pudo y destrozó gran parte del patrimonio, con una clarísima finalidad económica pero también ideológica, como mensaje a quienes osaron pensar, con una claridad que aún hoy es de vanguardia, en otra forma de construcción y organización colectiva", dijo la profesional. De la medida participaron también representantes del juzgado federal número 4 a cargo de Marcelo Bailaque.