El ex juez Alejandro Martín, quien estuvo al frente del juzgado Civil y Comercial Nº 17 hasta fines de 2012, irá a juicio por "estafas reiteradas" con depósitos judiciales inmovilizados en el Banco Municipal. El ex magistrado, que perdió sus fueros hace un año y medio, tras un jury, fue acusado también por ser parte de la asociación ilícita desde la cual, con su secretario y otros profesionales, realizaron los delitos. Además, le imputaron "defraudación, falsedad ideológica y prevaricato". En el mismo fallo de la sala III de la Cámara Penal, se confirmó el procesamiento al martillero Oscar Kovalevski, acusado como "organizador", y del secretario del juzgado, Ricardo Lavaca. Al mismo tiempo, se le revocó la falta de mérito a un empleado de la entidad bancaria, acusado de brindar información de las cuentas inmovilizadas, por lo que la jueza Mónica Lamperti deberá dictar una nueva resolución en su caso.

La denuncia contra el magistrado, su secretario, dos abogados y el martillero llegó a la Corte en octubre de 2012. Por aquellos días, el Banco Municipal advirtió sobre manejos irregulares con los fondos de cuentas embargadas, que consistían en oficios librados por el juzgado Nº 17 para ordenar pagos a beneficiarios de aparentes juicios ejecutivos. El fiscal Carlos Covani acusó a los imputados tras haber detectado 57 maniobras por un millón 50 mil pesos. La acusación implicó hechos perpetrados desde el juzgado Civil 1º.

Los primeros condenados en la causa fueron los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño, beneficiarios de las órdenes de cobro que partían desde el juzgado de Martín, con su firma y la de su secretario Lavaca. Quienes pasaban por la ventanilla de la sucursal Tribunales a hacerlas efectivas eran el martillero Kovalevski, Heter y García Montaño. Esos oficios no tenían fundamento legal, y la seguidilla de presentaciones levantó sospechas en la entidad bancaria.

Durante los primeros meses de la investigación, los dos letrados confesaron ser beneficiarios de las maniobras y apuntaron al rematador como "organizador" del delito. La sentencia contra ellos, se dictó en juicio abreviado, a tres años en suspenso, más siete y cinco años de inhabilitación.

Tras ser imputado en diciembre de 2012 por estafa reiterada, Martín fue sometido a jury con la acusación del procurador Jorge Barraguirre. El 3 de octubre de 2013, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó. De esa manera, perdió sus fueros y fue nuevamente citado por la jueza Lamperti. Desde entonces fue juzgado penalmente. La decisión del tribunal se encuentra recurrida en la Corte de Justicia nacional, por la defensa de Martín.

En su momento, la jueza Lamperti dictó falta de mérito contra le empleado bancario Tomás Martínez Echenique, pero en la apelación, el fiscal de cámaras Guillermo Camporini planteó que éste era "otra pata" de la organización. El funcionario resaltó que el empleado "reconoció haber mantenido una vinculación económica con el martillero Kovalevski en el período de comisión de los ilícitos juzgados, como también haberle informado de saldos de cuentas judiciales sin razón válida".

Para los camaristas Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Otto Crippa, quienes confirmaron ayer los procesamientos, en la causa hay "contundencia de elementos". Y agregaron que "la connivencia entre los imputados se encuentra probabilizada por la reiteración en el tiempo de los hechos juzgados, la similitud de las conductas desplegadas y la división funcional de tareas entre los miembros de la organización con el fin de lograr el desapoderamiento de las cuentas judiciales a disposición de otras magistraturas. Cada imputado cumplía una tarea conforme a la división funcional predispuesta, efectuando un aporte sin el cual cada uno de los hechos achacados no se hubieran podido consumar".