El Tribunal Electoral rechazó anoche los pedidos de la oposición para abrir las 7.628 urnas de toda la provincia y contar voto por voto. Dispuso que sólo se abrirán aquellas sobre las que haya incongruencias entre el acta correspondiente y el telegrama remitido a la Secretaría Electoral y a pedido de los apoderados y fiscales partidarios. Por lo tanto, hoy comienza el escrutinio definitivo en un clima efervescente, azuzado por esos planteos desestimados anoche y la réplica del oficialismo que finalmente halló eco en el parecer del Tribunal que preside el titular de la Corte Suprema, Roberto Falistocco. Se supone que este sábado podría conocerse quién gobernará Santa Fe en los próximos cuatro años.

A las presentaciones formales que presentaron apoderados del Pro y del Frente Izquierda de los Trabajadores, ayer sumó el mismo trámite el Frente Justicialista para la Victoria. Y por la tarde, dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social replicaron en contrario y advirtieron que si el Tribunal abre hasta las urnas que no están objetadas, eso será ilegal. El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, redactó el dictamen de rechazo y pareció compartir el mismo criterio al desetimar el pedido de apertura total de urnas por "inconsistente".

Desde afuera, el director electoral de la Nación, Alejandro Tullio, había opinado en el mismo mismo sentido. Y los veedores externos desestimaron las denuncias mediáticas de los candidatos en pugna.

El frente kirchnerista presentó ayer su pedido de revisión. Lo justificó para "garantizar la transparencia de los cómputos definitivos". El planteo sostiene que "es necesario proceder al recuento de todos los sufragios emitidos, y a la apertura de las más de siete mil urnas" para "asegurar la protección de la voluntad popular como lo proclama la Constitución Nacional".

Falistocco advirtió a la mañana que acceder al pedido opositor podría repetir la larga espera que se produjo en 1995, cuando pasaron 45 días de escrutinio hasta que se supo que el gobernador electo era Jorge Obeid.

El apoderado del FJPV, Martín Palacios, disintió. "Se estableció una comparación con lo sucedido en 1995 pero estamos hablando de otro sistema electoral". Y calculó que el conteo voto por voto "puede hacerse en quince o veinte días".

Por la tarde, los diputados Eduardo Di Pollina, Maximiliano Pullaro y Santiago Mascheroni, solicitaron que "se respete lo dispuesto en el Código Nacional Electoral". Y acusaron una estrategia opositora de "dilatar el escrutinio definitivo con otros fines: los intereses que están detrás de Macri buscan interferir en la institucionalidad de nuestra provincia", lanzaron.

"La ley establece que las urnas sólo pueden abrirse en determinadas situaciones, sólo aquellas en las que haya inconsistencia en la información", explicó Fascendini. Di Pollina acotó: "Aquí hay otra cosa: los intereses de Mauricio Macri buscan interferir porque el sábado hay cierre de listas nacionales y el 5 de julio hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde él se juega su futuro político", interpretó el socialista.

Sin saberlo, Di Pollina dijo lo mismo que luego explicó el director electoral nacional, Alejandro Di Tullio. "Cuando la documentación existente coincide, o sea, acta y certificados de escrutinio de los fiscales, se puede dar por válido el resultado de cada urna; si llegara a haber alguna diferencia entre la documentación pertinente se abre la urna y se cuentan los votos".

El funcionario federal dijo que "el recuento de votos es ilegal si el acta está bien hecha", y agregó que "las mesas cuyos telegramas no se computan por ilegibles se computan en el definitivo".