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Viernes, 10 de julio de 2015

CIUDAD › UNA MUJER AMENAZADA POR LOS NARCOS DENUNCIó QUE LE RETIRARON LA CUSTODIA

Con miedo a repetir la historia

Adriana Abaca vive en Colombres al 2800, y desde el 19 de noviembre de 2014 tenía un movil de Gendarmería frente a su casa. El miércoles se lo retiraron, y teme que le pase lo mismo que a Norma Bustos, asesinada en barrio La Tablada.

Adriana Abaca tiene miedo. Dice un dicho popular que "el miedo no es sonzo". El de Adriana tiene un antecedente concreto: Norma Bustos denunció, como ella, a los narcos de su barrio (Norma vivía en La Tablada). El 20 de noviembre de 2014 la mataron en su casa. Adriana Abaca también denunció a los narcos de su barrio, Cametsa, en Colombres al 2800. El miércoles a la mañana, la hija de Adriana advirtió que el móvil de Gendarmería que los custodiaba desde el 19 de noviembre pasado -cuando fue incorporada al Programa Nacional de Protección de Testigos- no estaba en la puerta de su casa. La mujer llamó al Destacamento Móvil 2 de la fuerza federal para pedir explicaciones, pero no las obtuvo. Ahora tiene miedo. "El búnker funcionaba en una casa, que la provincia le dio a un grupo de personas, ese búnker nunca jamás se destruyó, sólo fueron a vender a otro lugar y la organización nunca jamás se tocó. Cambiaron el lugar", dice Adriana sobre la venta de drogas en esa zona cercana al barrio Godoy.

En febrero de 2012 denunció a Claudio Insaurralde (el Pelado), vinculado a la banda de Los Monos, aunque todavía no sabía su nombre. El hombre había amenazado a su hijo adolescente con un arma. La causa recayó en el juzgado de Alejandra Rodenas. Adriana Abaca sabe que la policía, cuando fue a allanar la cada de Insaurralde, le señaló quién lo había denunciado. El hostigamiento fue in crescendo al punto que el 29 de mayo de 2014 incendiaron el patrullero que custodiaba la casa de Adriana. El 19 de noviembre de 2014, por orden de la justicia federal, Gendarmería empezó a cuidar a Adriana Abaca y su familia. El miércoles, la hija de Adriana observó que el móvil de Gendarmería no estaba. Pidió explicaciones en el Destacamento Móvil 2 de Gendarmería pero no los obtuvo. Ayer, ante la llamada de Rosario/12, un cabo que no se identificó aseguró: "El jefe de turno me dijo que la custodia sigue como siempre. Anda el móvil por la zona". Adriana asegura que no es así.

Para Adriana Abaca, el barrio comenzó a enrarecerse cuando mudaron a los vecinos de La Granada que vivían en la zona reubicada para la construcción del casino City Center. Dice que entonces "un grupito" se apropió de la plaza, y sus hijos fueron hostigados por no integrarse a ese grupo. Un día, mientras barría la vereda, en febrero de 2012, vio al Pelado (entonces no sabía cómo se llamaba) amenazar con un arma a su hijo adolescente. Hizo la denuncia, que recayó en el juzgado de Alejandra Rodenas. "Me costó prácticamente unas diez denuncias desde aquella primera por amenazas hasta que el juez federal (Carlos Vera Barros) tomó cartas en el asunto, porque yo tenía una custodia policial que había determinado el fiscal Juan Murray para mi casa, pero no había ninguna causa federal donde yo fuera la denunciante", rememoró Abaca. La razón es que ella no sabía el apellido de quien la amenazó. "Yo denuncié a un Pelado, cuando empiezo a averiguar, este señor tenía causa en los juzgados federales desde 2011, era la causa 511/2011", dijo Abaca. "Con ese antecedente más la denuncia que yo hice, me pidieron que consiga la dirección exacta, y yo les facilité el domicilio donde estaban vendiendo la droga. A los dos días, salió el allanamiento, secuestraron una magnum, una granada, una ametralladora", expresó la mujer.

Apenas ocurrió ese allanamiento, en mayo de 2014, incendiaron el móvil policial que custodiaba la casa de los Abaca.

Abaca no sólo señala a Insaurralde -a quien vincula con la banda de Los Monos aunque dice que, ahora es "independiente" porque los Cantero están "desarticulados"- sino también a Cristina Contreras, a quien acusa de tener un delivery de drogas y de manejar una manzana del barrio -en la que se iba a construir una escuela secundaria que nunca se hizo- donde vende terrenos para que la gente levante sus casas, y luego los echa, para revender esas mismas viviendas. Tales denuncias están radicadas en la justicia. "Hace unos meses (el 15 de marzo pasado) fue inaugurada la nueva comisaría 32 que funciona pegada, al lado, de donde venden drogas. Y siguen vendiendo", denuncia. El domicilio es Colombres y calle 1731.

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Desde Gendarmería afirmaron que la custodia se mantiene, y que "anda el móvil por la zona".
Imagen: Andrés Macera
 
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