"¿Y sólo porque no lo podés cuidar vas a matar al bebé?", le espetó la médica ginecóloga Gisel Pérez a una joven de 22 años, con retraso mental, encuadrada en el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Fue en el hospital Provincial y se trató de sólo una de las violencias que vivió esta chica -su identidad se preserva, sus iniciales son V.H.- durante el derrotero que culminó en el cumplimiento de sus derechos. Antes, debió pasar por una situación de intenso dolor por la prescripción de Oxitocina, una droga que no está indicada para abortos. La denuncia fue presentada la semana pasada en el Ministerio Público de la Acusación por la colectiva Socorristas en Red, un grupo de activistas que acompaña a mujeres que desean interrumpir su embarazo a partir de una llamada telefónica al número 0341 156 146625.

"La misma provincia que sale a vanagloriarse de que es la que más abortos no punibles (ANP) garantiza, es la que después depende de la voluntad de cada médico o médica en los hospitales", expresó Pilar Escalante, de la colectiva, mientras Luciana Caudana, que fue quien acompañó a esta joven, subrayó que "la situación era compleja, requería un abordaje integral mínimo, y esta chica no fue escuchada por ningún profesional, no fue atendida como sujeto de derechos".

Consultado por Rosario/12, el director del hospital, Federico Fiorilli, aseguró por un lado que "la práctica fue garantizada, como lo hace el hospital de manera semanal con estas prácticas", insistió en la complejidad de la situación que vivía V. y relativizó la denuncia al decir que "Socorristas en Red que no es ente que presenta abortos no punibles en el hospital, no es una situación habitual, y entonces desconocían los puntos que nosotros estamos trabajando con directivas de Nación y provincia. Hubo encontronazos con algunos médicos", dijo Fiorilli.

Por su parte, la abogada de la Hospital Provincial, Florencia Rabito -que está mencionada en la denuncia-, subrayó que la institución no fue notificada de la presentación, ingresada al Ministerio Público de la Acusación el viernes 7 de agosto a las 12.17. "Estamos esperando ser notificadas de cuál va a ser la Fiscalía que la va a tomar y cuáles son los pasos a seguir", afirmó Caudana.

V. llegó a Socorristas en Red después de haber recurrido al hospital por primera vez. Allí el Jefe del Servicio de Ginecología, Carlos Costa, le había prescripto el uso del misoprostol -según Socorristas, en una dosis incorrecta- y, como no fue efectivo, le dijo que "no podía hacer más nada". Desesperada por la situación, la chica y su madre llamaron al teléfono de Socorristas para pedir ayuda. Las activistas fueron al hospital, en algunos casos, acompañadas por médicas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. "En la primera consulta, las médicas le preguntaron a V. ¿así que querés abortar? Y a nosotras ¿ustedes les van a dar la pastilla? Nosotras nos negamos porque no es lo que corresponde", relató Caudana, que estuvo en todo el proceso. La activista subrayó que existía "un gran desconocimiento" del protocolo.

El director del hospital negó las acusaciones. "El aborto se hizo sin problemas, ocurrió que las socorristas creían que el hospital tenía que hacer lo que ellas decían, hay un protocolo que ellas pasaron por el costado y entonces se genera una violencia entre el equipo de salud y las activistas", expresó Fiorilli.

La denuncia fue firmada también por Analía Aucía, abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Socorristas en Red es una red de colectivas de mujeres de todo el país, que tiene su expresión en Rosario.

El paso de V. por el hospital fue siempre complejo. Las activistas consideran que nadie la escuchó, ni la atendió como sujeto de derechos, ya que -por ejemplo- querían realizar compulsivamente una ligadura tubaria pese a que V. había expresado su voluntad de adoptar el dispositivo intrauterino como médico anticonceptivo. "Nunca la escucharon", fue una de las conclusiones de Caudana.

Según relataron las socorristas, hubo dilaciones, esperas innecesarias e incluso, la primera ecografía que le habían realizado a V. no figuraba en la historia clínica. Esas demoras provocaron que V. interrumpiera su embarazo más allá de los plazos previstos con mayor seguridad. "Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente", dice el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación de abril pasado.

En la denuncia se enumera una seguidilla de situaciones irregulares, como la internación de V. para practicar el aborto en una sala de maternidad, al lado de una mujer que acababa de parir, y estaba con su bebé.

El punto más álgido fue el momento en que efectivamente V. accedió a la práctica. Según entiende Socorristas, las prescripciones médicas estuvieron muy distantes de los protocolos vigentes, como el de la Organización Mundial de la Salud. Al prescribir oxitocina, la paciente sufrió dolores innecesarios. "La oxitocina provoca contracciones dolorosas", explicó Escalante. Caudana consideró que fue una decisión consciente de los profesionales que realizaron la práctica. "Tuvo una intención ejemplificadora, la hicieron sufrir como un chancho para que lo viviera como un castigo", dijo la militante.

El director del hospital negó categóricamente esa acusación. "Desmiento que haya sido a propósito", expresó y consideró que "tiene que ver con la dosis de oxitocina que se usa para hacer la inducción del parto. Esa droga no tiene una indicación precisa, habitualmente no se requiere, y puede ocasionar dolor. La indicación estuvo presente porque no mejoraba la dilatación del cuello del útero. Pero es discutible en un ámbito muy médico e inclusive sin poder llegar a ver quién tiene razón".

Sobre las actitudes de Pérez y Costa, que se había negado a continuar con la práctica que debía brindar, Fiorilli las desconocía. Sin embargo, admitió que "los servicios de tocoginecología tienen objetores de conciencia y otras que no son. Hay algunos médicos que hacen manifiesta su objeción, a veces ante el paciente y eso es conflictivo", consideró el funcionario público, sin afirmar que éste fuera el caso. Lo cierto es que el hospital debe garantizar la práctica y la atención integral de la mujer. De hecho, las instituciones no pueden ser objetoras. Fiorilli subrayó que "el servicio tiene médicos objetores y otros que no lo son. La garantía que tiene que dar el servicio es que los no objetores garanticen la práctica". El funcionario subrayó que "el aborto se realizó".

Sin embargo, desde Socorristas alertaron que la denegación de ese derecho estuvo a punto de ocurrir, porque si V. no las hubiera contactado, el aborto no se habría realizado. "Y nos preguntamos cuántas situaciones así se dan cotidianamente en los hospitales", agregó Escalante.