Durante el fuerte debate del pasado jueves en el Concejo Municipal donde se aprobó la prórroga por tres años de las concesiones del sistema de Transporte Público de Pasajeros (TUP), la concejala Fernanda Gigliani (IP), que votó en contra del decreto, anunció el envío de un proyecto para la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar el sistema. "Nuestra propuesta es avanzar, hacia el futuro, en la constitución de una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) que administre y gestione al TUP. Se trata de una figura que permitiría integrar a las empresas que hoy administran el transporte en la ciudad; es decir, proponemos tomar las líneas que hoy gestiona Agustín Bermúdez, para que sean administradas a través de la gestión pública", detalló la concejala.

La propuesta incluye crear un Directorio cuya mayoría la tiene el Estado, por lo que no sólo tiene mayor participación en sus acciones (mínimo un 51 por ciento) sino también en las decisiones que se puedan tomar. La SAPEM "contemplaría asimismo un Consejo Consultivo conformado por organizaciones intermedias, que no solamente serán consultada para todas las decisiones en materia de transporte, sino que también tendrán injerencia en la toma de decisiones en materia de transporte", explicó Gigliani. "Nos parece importante que el usuario se siente en un lugar donde pueda tomar decisiones", agregó.

Cuando anunció en el recinto la presentación del proyecto, la concejala dijo que la figura tiene algunos puntos de acercamiento con La Mixta, una de las empresas que operan en el sistema y que cuando comenzó a operar contaba con un mayor porcentaje de accionistas privados. "Por los números que estuvimos evaluando, siempre La Mixta está cerca de la ponderación máxima, es la única que ha crecido", apuntó Gigliani, quien por otra parte precisó que un sistema similar funciona en Bahía Blanca. "Para algunos, el sistema de transporte es un negocio, y para otros es un derecho que tiene que garantizar el Estado a los ciudadanos. Algunos preferirán gastar millones de pesos, tal vez, en el embellecimiento de una plaza, en publicidad institucional, o en hacer un acuario. Otros no tendríamos ningún prurito en decir que estamos invirtiendo en el transporte público de la ciudad de Rosario", abundó.

Gigliani, al igual que los concejales Roberto Sukerman y Norma Lóprez (FpV), Jorge Boasso (Bloque Radical), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Héctor Cavallero y Lorena Giménez (PPS), no acompañó el pedido de prórroga que se aprobó el pasado jueves en el Palacio Vasallo para que la empresa de Bermúdez siga administrando las unidades de Rosario Bus.

"No está en condiciones de continuar porque no cumple una serie de requisitos que exige la ordenanza 7802 que regula la movilidad urbana, como por ejemplo que hay varias unidades con antigüedad mayor a los 10 años -cuando la norma exige tener menos de una década-, y algunos coches tienen el motor en la parte delantera, algo que no está autorizado por la ley nacional", argumentó.

Entre otras explicaciones, Gigliani manifestó: "Cuando se analizan los datos incorporados con el pedido de la prórroga en cuanto al estado de la flota, no se estaría cumpliendo con los requisitos elementales que establece la ordenanza, como cumplir eficientemente con la prestación del servicio y con las obligaciones fijadas, higiene, frecuencia, recorridos, si están o no adaptadas".

La edila precisó que la ordenanza refiere, ante los incumplimientos, que se realicen multas, y ante incumplimientos reiterados se aplicaba el doble de la multa. "Si uno empieza a hacer un cálculo estimativo, estamos hablando de muchísimo dinero, hubiera sido interesante saber aquí cuál es el monto de las multas que adeuda Rosario Bus al municipio, porque podría incautar alguna unidad", planteó Gigliani.

En este sentido, la concejala mostró durante la sesión varias fotos tomadas en las últimas semanas, en las que se apreciaban varias unidades amarillas, varadas en las calles de la ciudad por tener problemas mecánicos. "Esta es la realidad del estado de los coches", concluyó Gigliani.