Familiares y compañeros de Gerardo "Pichón" Escobar, el empleado de Parques y Paseos que estuvo desaparecido una semana hasta que fue hallado muerto en el río Paraná, marchan el lunes al cumplirse un mes de la última vez que lo vieron con vida. Al mismo tiempo, en Tribunales, la familia apeló el fallo del juez Luis María Caterina que rechazó enviar la causa a la Justicia Federal. La intención de la madre y la hermana de la víctima, que firmaron el recurso, es que la Cámara Penal dé vuelta esa decisión y la causa --que tiene a dos policías y tres patovicas imputados-- sea investigada como desaparición forzada de persona. "Lo de Pichón es desaparición forzada porque la policía está involucrada", aseguraron desde la Multisectorial por Gerardo Escobar, que tenía 23 años cuando fue hallado muerto el 21 de agosto pasado, luego de haber salido del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100. La convocatoria es a las 17, en Montevideo y Alvear.

Luego de que la semana pasada Caterina considerara que la causa debe seguir siendo investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios, la causa llegará a la Alzada. El recurso de apelación fue presentado con el patrocinio del defensor provincial Gabriel Ganón y los abogados Salvador Vera Roda y Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud.

"Es indudable que los hechos fueron cometidos por agentes del Estado, o por personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado", afirman en el escrito.

Entre los agravios que fundamentan la presentación, los apelantes plantearon que el juez rechazó la incompetencia de la Fiscalía Regional, que tiene a la fiscal Marisol Fabbro al frente de la investigación, por "entender que no se encontraban acreditadas sospechas serias para investigar el hecho como desaparición forzada de personas". Sin embargo, plantean que "ante las circunstancias oscuras y dudosas relatadas por el personal policial implicado, las numerosas contradicciones e irregularidades detectadas y los dichos que no hacen más que reforzar nuestra hipótesis, sostenemos que nos encontramos ante un delito de desaparición forzada de personas". Y fundamentan esa postura en las leyes vigentes, en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Entre los puntos que quedan por aclarar en la causa, el recurso hace hincapié en "comunicaciones anónimas realizadas a la familia de la víctima que manifestaron que Gerardo estuvo durante unas horas alojado en una comisaría de Rosario. En un primer momento se creyó que era la Comisaría 8º y en consecuencia se allanó y secuestró documentación con resultados negativos. Pero creemos que la información podría ser cierta respecto de otra dependencia policial, como por ejemplo la 18º, zona donde viviría uno de los policías imputados", señala el escrito.

También apuntaron al "rastreo del celular realizado por familiares y amigos de Gerardo que señalan la ubicación del aparato en la zona del domicilio de uno de los imputados, el viernes 14 de agosto (cuando desapareció). Ese mismo celular aparece en uno de los bolsillos de Gerardo cuando es hallado 7 días después flotando en el río Paraná".

El recurso reclama que "tampoco se peritaron correctamente los teléfonos celulares de Gerardo, y de los ahora imputados en los primeros momentos de la investigación".

Si bien la intervención de Ganón fue cuestionada por los abogados de los cinco imputados, en el escrito, la Defensoría plantea que se encuentran "habilitados para intervenir". También recordaron que la familia se presentó como querellante en la causa, aunque aún no se realizó la audiencia de rigor.

Los imputados en la causa son Cristian Jesús Vivas, acusado como quien golpeó a Gerardo a la salida del boliche; los policís acusados de encubrimiento Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli, ambos de 33 años; y los patovicas César Ampuero y José Luis Carlino.