[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En una nueva audiencia del juicio oral y público por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, el 14 de mayo de 1983, ayer se escucharon tres testimonios por videoconferencia, que siguieron desmontando la versión oficial de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los militantes montoneros asesinados. Claudia Bellingeri, del área de lesa humanidad de la Comisión provincial de la Memoria de Buenos Aires, confirmó que "el Carlón" Pereira Rossi era seguido por los organismos de inteligencia del Ejército y también develó que el juez provincial de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti -que tomó la causa al declararse incompetente el magistrado rosarino Jorge Eldo Juárez- sufrió "vigilancia sobre sus hijos, amigos, actividades sociales y culturales. Se ejerció un control y una presión sobre esta persona". De hecho, Marchetti descreyó inicialmente de la versión del enfrentamiento, y encarceló a los policías Luis Patti, José Spataro y Rodolfo Diéguez, pero pocos meses después decidió el sobreseimiento. Hoy Patti y Spataro son juzgados por el Tribunal Oral Federal número 2, además de exmilitares y PCI.

La funcionaria provincial de Buenos Aires confirmó la profusa información sobre los militantes asesinados con la que contaba la entonces Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA).

También ayer declaró el médico forense Jorge José Martini, quien recordó la exhumación del cuerpo de Eduardo Pereira Rossi en una noche de mayo de 1983, en el cementerio de La Plata, frente al padre y el futuro cuñado del militante asesinado. El relato de Martini sobre las inusuales circunstancias del reconocimiento del cuerpo del "Carlón" coincidieron con el relato de Juan Griffo, el cuñado de Pereira Rossi que declaró la semana pasada. También confirmó que el militante sufrió el paso de electricidad por su cuerpo, con picana eléctrica.

El otro testigo de ayer fue Marcelo Parrilli, del Centro de Estudios Legales, que tomó la causa Cambiaso-Pereira Rossi en 1983. "La dificultad que afrontábamos en este tipo de investigaciones durante la dictadura era el terror generalizado de toda la población. Era difícil conseguir pruebas, y sobre todo testimoniales", relató el abogado.