Un tribunal colegiado resolvió ayer que se eleve a juicio oral y público la causa por la explosión del edificio de calle Salta 2141, que provocó la muerte de 22 personas el 6 de agosto de 2013. Están imputadas once personas, entre ellos el gasista que manipuló el regulador del edificio, su ayudante, personal de Litoral Gas y la administración de la propiedad horizontal. El tribunal conformado por Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga, determinó ayer que la causa vaya a juicio oral y público, en fecha y lugar a confirmar durante este año.

Según explicó a Rosario/12 el abogado Froilán Ravenna, la decisión resulta tras el planteo del doctor Víctor Corvalán --defensor de las personas del edificio siniestrado-- quien había calificado de inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal. "Este proceso -señaló-- debía regirse por el Código anterior porque es del viejo sistema penal, pero aquel Código tenían una limitación: los procesos orales solo iban a implementarse para aquellos delitos que tuviesen penas altas. Este tipo de juicios se sustanciaban en forma escrita porque el delito a juzgar tiene una pena máxima de cinco años (estrago culposo agravado). Basado en este punto una de las defensas había planteado la inconstitucionalidad de ese artículo que establece este tope. Aquí hay un antecedente de la Corte, y debe estar orientado al mismo. Por eso se hizo lugar al planteo y se estableció el juicio oral".

Ravenna aclaró que "en el pedido de juicio oral y público también sumaron sus voces los querellantes y la fiscal. Es más, hubo una audiencia oral en la cual se había planteado este tema, y expresamos la adhesión".

Entre los motivos de la resolución también cuentan el "impacto social que representó la tragedia en la sociedad". A su vez, el tribunal dio lugar a un leading case del caso "Vitar" presentado en la Corte por los defensores del gasista ayudante Pablo Miño, José Nanni y Paul Krupnik, en el cual se pidió la inconstitucionalidad para que la causa sea elevada a juicio oral. "Es la manera más correcta y transparente de dilucidar lo que pasó aquel día, sobre todo porque representa una garantía para la sociedad y los familiares de las víctimas", expresaron Nanni y Krupnik.

El pedido de juicio oral y público había sido solicitado por la fiscal del caso, Graciela Argüelles, y las familias de las víctimas de la tragedia. Esto generó una discusión por parte de los abogados del gasista Carlos García y los empleados de Litoral Gas.

Las personas imputadas por estrago culposo agravado son tres inspectores de la empresa Litoral Gas: Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra. Todos pidieron en la última semana que se levanten los embargos en su contra, planteo al que se negaron las otras partes del proceso.

También fueron procesados en su momento el gasista Carlos García y su ayudante Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, quien estuvieron de acuerdo ante la posibilidad de un juicio oral y público.