Un suboficial y una decena de subalternos quedaron bajo la lupa judicial por el delito de defraudación, luego de que se detectaran irregularidades en la cobertura y cobro de horas adicionales. La semana pasada se realizaron tres allanamientos a cargo de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, Asuntos Internos y la Unidad Fiscal de Corrupción Policial, a cargo de Karina Bartocci. Ahora, la fiscal analiza los elementos secuestrados ante la posible imputación de los acusados. El más complicado es Germán Abril, que hasta hace poco era subjefe de Infantería. El ardid sobre las horas extras era cometido contra empresas (como Dreyfus) o espacios públicos: el personal cobraba adicionales incumplidos o incompletos y debía entregarle una parte a su superior. En uno de los casos, se había contratado a diez policías, pero solo dos concurrían, aunque muchas veces no completaban el turno o se superponían. Estos dos agentes debían entregarle al subjefe de Infantería la mitad de lo que les pagaban; y los ocho restantes, el 75 por ciento de lo cobrado por el trabajo no realizado.

La investigación comenzó en la secretaría de Control a cargo de Ignacio Del Vecchio con un llamado anónimo al 0800-444-3583, que funciona para denuncias contra personal de la fuerza de seguridad. Desde entonces, se inició un seguimiento sobre los agentes señalados y se comprobó el hecho denunciado, además de las anomalías con respecto a la distribución de lo pagado por horas extras. Al descubrir el modus operandi, Del Vecchio le dio intervención a la fiscal Bartocci y al mismo tiempo solicitó el pase a disponibilidad de los agentes sindicados.

Con esos datos, se libró orden de tres allanamientos realizados por la Dirección de Asuntos Internos y la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad. Los mismos fueron en la oficina del Cuerpo de Guardia de Infantería, dentro de la Jefatura ﷓donde prestaba servicios el subjefe investigado﷓; otro en la Unidad Especial de Seguridad Rural (donde está actualmente), y otro en su domicilio particular. En los operativos simultáneos se secuestraron cuadernos y documentos que son de utilidad para la investigación, y que ahora se encuentran en estudio de la fiscal Bartocci.

Sin embargo, desde la Unidad Fiscal se indicó que por el momento no hay personas detenidas, y que la investigación es por el delito de defraudación por horas extras.

No es la primera vez que se detecta un delito de este tipo. Ya en mayo pasado, un comisario y ocho suboficiales fueron denunciados por haber cobrado el servicio de custodia de un hospital público sin haber concretado las tareas. La presentación penal sobrevino luego de una denuncia telefónica que alertó a las autoridades sobre el incumplimiento registrado al teléfono de la Secretaría de Control de las fuerzas.

Por aquellos días, se determinó que los policías que tenían asignadas tareas especiales de vigilancia en el Hospital Roque Sáenz Peña, en Laprida al 5400, nunca asistieron. Se trataba, como en el caso conocido ayer, de personal afectado al orden de servicio de policía excepcional (Ospe), popularmente conocido como "horas extras".

A mediados de año, dos empleados de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, uno de ellos con cargo de jefe, quedaron implicados en una investigación penal: uno de ellos fue denunciado por liquidar de manera irregular las horas extras de efectivos que no habían prestado esos servicios, con el objetivo de que parte del dinero fuera luego reintegrado para provecho personal.