La Justicia mediará hoy en un último intento por evitar el desalojo de unas tres mil personas de un terreno de doce hectáreas ubicado en Cullen y Saavendra, que debía ser deshabitado en 2005, y que tiene nueva fecha para febrero de 2016. La jueza de Circuito Stella Maris Bertune citó a una nueva instancia de diálogo entre funcionarios municipales, provinciales y representantes del Concejo Municipal, con las familias y el dueño del predio. La idea, basada en la situación de los vecinos y el derecho constitucional al techo digno, es que antes del desalojo haya una nueva audiencia --hubo varias en los últimos años-- que permita plantear un intercambio, tanto para que el municipio reubique a las familias como ante la posibilidad de impulsar la expropiación, sobre lo que se intentó avanzar sin suerte en 2010 en la Legislatura. Los vecinos ofrecen el 20 por ciento de sus ingresos para pagar las tierras.

La Compañía Santafesina de Tierras compró el predio en 1984; mientras que la demanda para desocupación del mismo fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resolución convocó a las partes en un intento por llegar a un acuerdo, ya que los habitantes del predio proponían pagarlos con sus planes de trabajo y lo que ganaban del cirujeo y otras labores informales. Sin embargo, no se logró una solución y el magistrado dictó sentencia de desalojo hace diez años, pero aún no se cumplió.

En 2009, cuando el gobernador Miguel Lifschitz era intendente de Rosario envió al Concejo Municipal el proyecto para que el terreno fuera declarado de interés público y social, sujeto a expropiación. Así, en 2010 salió la ordenanza 8.697, hubo una multitudinaria reunión entre las partes; y se envió la iniciativa de expropiación a la Legislatura provincial, donde "nunca llegó", según indicó ayer la abogada Analía Carrió, que representa a la mayoría de los vecinos, quienes residen allí hace 30 años. Al parecer, la semana pasada se presentó un nuevo proyecto en Diputados.

En los últimos meses, los dueños del predio volvieron a reclamar a la magistrada el cumplimiento del fallo de 2005. Así, Bertune debió resolver la situación el 10 de noviembre pasado, y puso fecha de desalojo para mediados de febrero; pero antes volvió a citar a las partes, para lograr un acuerdo.

En su decisión, publicada por Rosario/12 en noviembre pasado, la jueza aclaró que este tipo de desalojos contempla una serie de tratados internacionales. En esos términos, apunta a hacer cumplir la sentencia de 2005, pero a la vez tener en cuenta la problemática social.

Meses atrás, el ex secretario de Hábitat (y actual secretario de Gobierno Municipal), Gustavo Leone, habló de la "dificultad" que genera reubicar a esa cantidad de familias; y, al mismo tiempo, señaló que la firma pretende recibir dinero del Estado y por eso "fuerza" el juicio de desalojo.

Para la jueza, "los antecedentes denotan los esfuerzos de funcionarios, apoderados y abogados, que han trabajado sin resultado positivo".

Carrió dijo ayer a este diario que "si el Estado no se suma con el vulnerable, no habrá solución"; y señaló que "no se trata solo de una expropiación, sino también de un posterior plan de mejoras en la zona", que tiene áreas inundables. Al mismo tiempo, lamentó la fecha del año en la que "las familias vuelven a pasar por un estado de incertidumbre". Y consideró que "la empresa tendría que achicar su expectativa económica".