La Cámara de Casación rechazó por "arbitrario" un fallo del juez federal Marcelo Bailaque refrendado por la Cámara de Apelaciones, que permitió la libertad del ex capellán policial durante la dictadura Eugenio Zitelli. La Sala II le ordenó al tribunal de alzada que "con la celeridad y los resguardos que el caso impone, dicte un nuevo pronunciamiento". Ante la nueva judicial, la abogada querellante Gabriela Durruty pidió al magistrado rosarino la "inmediata" detención del sacerdote, "ante su riesgo de fuga". En rigor no fue una buena semana para el ex párroco de Casilda: el juez Bailaque lo procesó el último viernes por el secuestro y torturas de María del Carmen Sillato y Gabriel Antonio Gómez. Su nombre figura en el expediente al lado de otros de la valía de "el Ciego" Lofiego, "el Cura" Marcote, "Archie" Scortechini, "Caramelo" Altamirano, "Rommel" Ibarra y "el Ronco" Nast entre otros, por los delitos contra un centenar de víctimas, que constituye la cuarta elevación de la mega causa Feced, por los horrores en el Servicio de Informaciones.

"El día viernes 18 ingresé un pedido de inmediata detención de Eugenio Zitelli y su remisión a un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Federal" reveló a Rosario/12 la abogada Durruty. Es que el ex capellán de la policía de Feced se encuentra, hasta el momento excarcelado, a pesar de las diversas causas en las que ya esta procesado. La solicitud se presentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, donde tramita la tercer elevación a juicio oral de la mega causa Feced La letrada explico que "cuando Marcelo Bailaque procesó al ex capellán policial por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y asociación ilícita, resolvió además que mantuviera su libertad bajo el régimen de excarcelación".

Esta resolución fue apelada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. Sin embargo La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución del juez Bailaque. La apelación entonces corrió por cuenta del fiscal Claudio Palacín, quien recurrió el decisorio ante la Cámara Nacional de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país, con fecha 14 de diciembre, dictó la resolución 2041/15, mediante la cual resolvió hacer lugar al recurso, anular el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó la libertad de Zitelli. También remitió los autos a la Cámara de Apelaciones a fin de que "con la celeridad y los resguardos que el caso impone, dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad a los lineamientos expuestos".

"La Sala II de Casación consideró que la resolución de la Cámara carece de los fundamentos mínimos y necesarios que la sustenten, circunstancia que la descalifica como acto jurisdiccional válido" explicó Durruty. La abogada también indicó que "los jueces de casación Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David, dijeron que la Cámara Federal exhibe una fundamentación no solo aparente sino también deficiente, constituyendo tales defectos una causal de arbitrariedad".

Según cito la letrada, para los jueces: "teniendo en cuenta el déficit de fundamentación apuntado, las circunstancias del caso en cuanto a la gravedad de los delitos imputados y su calificación como delitos de lesa humanidad corresponde anular el pronunciamiento en cuanto confirmó la libertad de Eugenio Segundo Zitelli".

Cabe recordar que Zitelli se desempeñó como capellán policial de la unidad regional II con asiento en Rosario desde el 18 de agosto de 1964: fue capellán, agente, presbítero, cabo y cabo primero, siendo ascendido el 15 de diciembre de 1977 al cargo de oficial principal.

"Esta querella entiende que Zitelli ya debiera estar detenido, no encontramos motivos para esta inexplicable demora en resolver" remarca Durruty. "Existe un claro peligro de que el procesado intente sustraerse a la acción de la justicia. El fallo de la Casación es claro al entender que los camaristas no analizaron apropiadamente el peligro de fuga que debe evitarse para garantizar la realización del juicio", agregó.

Para la querella "Zitelli posee los medios necesarios para profugarse. Su impunidad inexcusable durante décadas es una muestra de ello. El caudal probatorio es profuso, compañeras como Nené y Juani Bettanín lo denunciaron desde las mismísimas cárceles dictatoriales y persistieron en su actuar durante la democracia. Lo denunciaron ante la justicia y ante las autoridades de la Iglesia. Solo fue posible imputar a Zitelli muy avanzados los juicios, gracias a las denuncias mencionadas y a la labor de organizaciones como UMANO de Casilda, la Asociación de ex presos Héroes de Trelew, Familiares Rosario y la APDH. La representación que ejercemos de la querella de APDH nos permite interponer este pedido" apuntó al abogada.

Para Durruty "Zitelli debe ser detenido en forma inmediata, como única forma de interpretar lo ordenado por el máximo tribunal penal del país.

El estado argentino, para cumplir con sus obligaciones contraídas con la comunidad internacional debe respetar tres premisas: Investigación, Sanción y efectivo cumplimiento de las mismas. En el caso que nos ocupa peligran el segundo y el tercer mandato de la CIDH".

"Estas previsiones -agregó- pueden y deben ser consideradas en el caso de que se solicite la detención domiciliaria de Zitelli, salvo gravísimas situaciones de salud, debidamente acreditadas mediante junta médica con control de partes. Caso contrario, cumplir la prisión en la comodidad de un hogar no sólo transformaría en una mera formalidad la orden de la Casación sino que violentaría, a nuestro entender, la normativa en materia de delitos de lesa humanidad", razono la abogada querellante.

Tampoco fue una buena nueva para Zitelli la última resolución del juez Bailaque: el 18 de diciembre, el juzgado federal 4 de Rosario dictó nuevos procesamientos en el marco de la mega causa Feced, haciendo lugar a los pedidos de los fiscales Stara y Gambacorta, que incluyen a Zitelli entre los imputados respecto de quienes existe un grado de probabilidad de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Así se lo procesó por la privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas de María del Carmen Sillato y Gabriel Antonio Gómez, y se trabó embargo sobre sus bienes por la suma de 100 mil pesos.